Enfática y valiente, durante un foro en Mérida la joven abogada Mildred Berrón le replicó a la ministra de la Suprema Corte Loretta Ortiz, que había expresado su fidelidad con López Obrador: “¡Yo defiendo a la democracia y usted sólo defiende al presidente!… ¡están destruyendo al país, están destruyendo la democracia, están destruyendo la independencia judicial!”.
“El país no necesita políticos con toga que sirvan a los intereses de su partido sino jueces independientes, capacitados, valientes, que se atrevan a resolver conforme a derecho, sin el compromiso de agradar absolutamente a nadie” manifestó en un mitin en León, Guanajuato, el juez de distrito Ulises Fuentes Rodríguez.
“Unos partidos políticos han recurrido a las coaliciones electorales para eludir los límites constitucionales a la sobrerrepresentación… Nunca como ahora esa estratagema política había vulnerado, afectado tanto los fines del sistema electoral mixto de moderar la sobrerrepresentación y proteger el pluralismo”, dijo el consejero Jaime Rivera Velázquez en la sesión del INE el viernes 23 de agosto. Junto con él, los consejeros Claudia Zavala, Dania Ravel y Martín Faz votaron en contra de la propuesta que le da al grupo gobernante 73 % de las curules en la Cámara de Diputados aunque obtuvo 55 % de los votos.
Los trabajadores y jueces del Poder Judicial que defienden sus derechos y los consejeros del INE que, aunque en minoría, respaldaron la democracia, se expresan a contracorriente de la avalancha de intolerancia y amagos que despliega un oficialismo ensoberbecido y rapaz. El presidente, su discípula y su partido, aprovechan el respaldo que lograron en las urnas para avasallar al Estado y capturar o aniquilar instituciones que consideran incómodas. La mayor parte de los mexicanos ignora esa regresión y sus consecuencias. Otros callan por confusión, cansancio, o miedo. Los ciudadanos, entre ellos funcionarios como los antes mencionados, que rechazan esa operación para solidificar la autocracia morenista, enfrentan presiones y hostilidades que hacen más meritoria su discrepancia.
Aprobada en el INE con la vergonzosa e inopinada obsecuencia de siete de los once consejeros, la sobrerrepresentación que favorece a la coalición gobernante será discutida por el Tribunal Federal Electoral. De ser aprobada esa asignación de curules, Morena y aliados tendrán en la Cámara de Diputados los votos que necesitan para desfigurar la Constitución e imponer, entre otras cosas, la demagógica reforma que sujetaría a los jueces a procesos de elección popular.
El dictamen que aprobaron los diputados oficialistas contiene un grosero anzuelo para los magistrados del Tribunal Federal Electoral. Todos los ministros y magistrados de alto rango, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte y todos los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral Federal, tendrían que renunciar en breve para que sus cargos fueran cubiertos por elección popular. Pero los cinco integrantes de la Sala Superior permanecerían hasta 2027. Es decir, si aprueban la sobrerrepresentación que les permitiría a Morena y aliados desmontar el sistema de justicia federal los magistrados del Trife, solamente ellos, tendrían chamba otros tres años.
La presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, termina su encargo a fines de octubre del próximo año. Lo mismo, los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Janine Otálora Malassis. El nombramiento de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón concluye el 31 de octubre de 2024. Todos ellos se beneficiarían con una ampliación de su encargo si las propuestas de Morena se tradujeran en norma constitucional. El premio que les ofrece el oficialismo es oprobioso. Se trata de un soborno, como bien ha dicho Guadalupe Acosta Naranjo.
Los diputados plurinominales que la coalición oficial obtiene con trampas, los pierden los partidos de oposición. Quitarles posiciones legislativas que los ciudadanos les dieron en las urnas constituye una operación no solamente ilegal, como tanto se ha argumentado, sino además conduciría a la formalización de un régimen autocrático en México. Solamente faltaría el respaldo en el Senado si el oficialismo captura los tres votos, adicionales a los suyos, que necesita en esa Cámara.
Con la confianza de que serán aprobadas por su artificiosa mayoría calificada, Morena aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados los dictámenes que abolirían siete organismos autónomos. Si llegan a la Constitución, esas contrarreformas nos dejarán sin el acceso a la transparencia y la protección de datos personales que hoy hace posibles el Inai; desaparecería la regulación de la competencia económica que compete a la Cofece; la asignación de concesiones de radiodifusión y telefonía, que entre muchas otras tareas es responsabilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quedaría en manos del gobierno. Perderíamos la medición de los programas sociales y la pobreza que hace el Coneval. Dejarían de existir la Comisión Nacional de Hidrocarburos que administra las reservas de petróleo y la Reguladora de Energía que garantiza la provisión de electricidad y gas natural. También el Sistema Nacional de Mejora Continua, a cargo de las ya muy reducidas tareas de evaluación de la educación pública.
Esos organismos, junto el Poder Judicial y la pluralidad legislativa otorgada por los ciudadanos, permiten que el Estado mexicano sea mucho más que una entidad monolítica al servicio de la hegemonía presidencial. Un Estado moderno se articula gracias al entramado de instituciones independientes unas de otras, cada una con reglas claras. Si desaparece la regulación que hoy ejercen el IFT o la Cofece, entre otros, los beneficiados serán los grandes consorcios de las telecomunicaciones y otras áreas de la economía. Con la aniquilación de esos organismos, las actividades que ahora regulan quedarían al garete del salvajismo del mercado bajo la condescendencia, siempre convenenciera, del poder presidencial. Con la supeditación de los jueces federales al control del gobierno, ciudadanos y empresas carecerían de recursos para inconformarse ante abusos y errores del poder político.
Esa desnaturalización del Estado mexicano inquieta en la empresa privada y en los circuitos de inversión internacionales. El desdén de la presidenta electa ante esas preocupaciones manifiesta escaso conocimiento de las tendencias que mueven a la economía, o una gran insensatez. También es significativa la represión administrativa con la que Claudia Sheinbaum amenaza a los trabajadores judiciales y jueces que se declararon en paro. Al proponer que les suspendan el pago de salarios, la presidenta electa se comporta igual que las autoridades que, en tiempos no muy lejanos, combatían a los trabajadores universitarios con los que ella decía haberse identificado.
Por doquier hay pretendidos y antiguos defensores de la democracia que hoy traicionan principios y aspiraciones por los que decían que luchaban. Son tiempos oscuros en donde, ahora igual que antes, la esperanza se mantiene gracias a quienes tienen la claridad suficiente para, con razones y decisión, alzar la voz.
Raúl Trejo Delarbre
Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus libros más recientes son: Posverdad, populismo, pandemia y Adiós a los medios.