Les llevó un año a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum acabar con la democracia mexicana construida durante más de medio siglo. La elección de jueces ha sido el eslabón fundamental para aherrojar, o de plano aniquilar, las instituciones de esa democracia.
Hace un año México tenía un Poder Legislativo capaz de hacer contrapeso al Ejecutivo y un Poder Judicial con autonomía y profesionalismo suficientes para rectificar decisiones de la presidencia de la República. Había garantías y mecanismos para que las entidades del Estado informaran a la sociedad, las telecomunicaciones y la competencia económica estaban reguladas por organismos autónomos. Todo eso ha desaparecido. Hoy, el poder en México se ejerce por una autocracia de discurso populista y, cada vez más, comportamiento autoritario.
La captura del Poder Judicial por parte del oficialismo termina con el contrapeso institucional más importante que había delante del gobierno, pero también de otras fuerzas políticas. Gracias a que hemos tenido una Suprema Corte de Justicia de la Nació (SCJN) que no está subordinada a intereses políticos ni económicos fue posible, entre otros episodios, que en 2007 fuese derogada la Ley Televisa; en 2012 la SCJN avaló el matrimonio igualitario que había sido aprobado en la Ciudad de México pero impugnado por la PGR; en 2013 ordenó la liberación de Florence Cassez por irregularidades de procedimiento; en 2018 invalidó la Ley de Seguridad Interior que normalizaba el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
La SCJN, también en 2018 y de nuevo tres años después, determinó que la Ley de Comunicación Social no garantiza la asignación imparcial de publicidad oficial; en 2020 modificó la pregunta de la consulta popular acerca de los epresidentes e impidió que prosperase la ley que hubiera permitido la reelección del gobernador de Baja California; en 2022 invalidó el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil —el padrón que ahora quiere imponer la presidenta Sheinbaum— porque invadía la privacidad de las personas y declaró inconstitucionales algunos artículos de la reforma eléctrica.
La Corte no habría tomado esas decisiones si no tuviera independencia respecto del gobierno, así como de otros poderes políticos y económicos. Esa independencia no existirá en la SCJN recién electa. Sus integrantes no fueron designados por méritos profesionales, sino por su afinidad con el partido oficial. Lo mismo sucede con la mayoría de jueces y magistrados electos con voto popular. La elección del 1 de junio fue una burda mascarada para subordinar al Poder Judicial a los intereses del grupo en el gobierno.
Hasta hace unos días, el Estado mexicano estaba conformado por una heterogénea variedad de instituciones, donde cada una atendía funciones específicas y con independencia una de la otra. El INAI garantizaba –no sin problemas– que accediéramos a la información de gastos, proyectos y otras decisiones del gobierno, así como del resto de las instituciones estatales. Hoy en día, incluso algunas de las bases de datos que manejaba ese instituto ya no se encuentran en línea. La Comisión Federal de Competencia Económica languidece, ya sin autonomía, en espera de la legislación que establezca qué ocurre con la regulación hasta ahora a su cargo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene que transferir sus funciones a una agencia del gobierno sin la autonomía ni experiencia técnica que requieren tales tareas.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en espera de ser reemplazado, ha dejado de publicar información como la relativa a pobreza laboral. Mejoredu, que reemplazó con limitaciones al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en la práctica ha dejado de funcionar. Las responsabilidades de las comisiones que regulan la energía y los hidrocarburos fueron asimiladas por el gobierno. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, gracias a la disciplinada obediencia morenista de su presidenta, no hizo falta una reforma constitucional para que ese organismo se sometiera al gobierno.
En la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados se beneficiaron de la interesada incuria de consejeros del INE y magistrados electorales para quedarse con el 73 % de las curules aunque sólo recibieron 54 % de los votos en junio de 2024. En el Senado, la coalición gobernante alcanzó la mayoría calificada con cohechos e intimidaciones —que tuvieron como destinatarios a senadores dispuestos a ser comprados y chantajeados. Esas mayorías legislativas, obtenidas con trampas, permitieron las reformas constitucionales que, al exterminar organismos autónomos y la independencia del Poder Judicial, han otorgado a la presidencia un poder sin restricciones.
La presidenta Sheinbaum y su partido, además del Ejecutivo, manejarán las tareas y atribuciones que correspondían a los órganos autónomos hoy desactivados, controlan al Congreso y lo harán con los jueces de todos los rangos, desde la Corte hasta los juzgados de distrito. Dominarán en la administración del Estado, la elaboración y modificación del orden jurídico y la aplicación e interpretación de las normas. Habrán constituido una autocracia.
Autocracia es la forma de gobierno en donde el poder se concentra en manos de una persona o un grupo. “Una autocracia es siempre un gobierno absoluto, en el sentido que detenta un poder ilimitado sobre los súbditos. Pero además de eso, comporta que el jefe de gobierno sea de hecho independiente, no sólo de los súbditos, sino también de los otros gobernantes que le están por eso rígidamente subordinados”. Esa es la definición –por desgracia pertinente para México hoy en día– que escribió Mario Stoppino en el Diccionario de Política que dirigieron Norberto Bobbio y Nicola Matteucci.
El acaparamiento de poder, la anulación de contrapesos entre las instituciones del Estado, la posibilidad de imponer decisiones sin que haya poderes formales capaces de impedirlo, son rasgos que emparentan a las autocracias con las dictaduras. En México no hemos llegado a una franca dictadura porque, entre otros rasgos, hay instituciones formales como el Congreso en donde todavía hay voces diversas, el grupo que acapara el poder surgió de una elección democrática, se conserva un régimen constitucional, en estados y municipios hay márgenes (angostos, sí) de juego electoral, la libertad de expresión se mantiene en algunas franjas aunque con crecientes censura, restricciones y represalias.
En la ruta en que Sheinbaum y su partido se han embarcadao para desarticular todos los contrapesos institucionales que podrían atemperar sus decisiones, o contrastarlas, siguen el INE y la representación proporcional en el Congreso. Morena y su caudillo han querido hacer de la autoridad electoral una oficina manipulable y dócil con funciones y presupuesto muy restringido. Además, han propuesto liquidar la representación de minorías que les da pluralidad al Senado y la Cámara de Diputados.
Tenemos, sin duda, una autocracia. Las autocracias son cercanas a las dictaduras. A esta situación nos han traído las trampas e ilegalidades y, desde luego, la votación que obtuvieron López, Sheinbaum y su partido hace un año. Ese respaldo no es inamovible, como demostró la exigua participación de votantes en la elección judicial. Sin organización alguna que la articulase y promoviera, la abstención de casi 9 de cada 10 ciudadanos ha sido el golpe más significativo, en los meses recientes, al discurso populista de Sheinbaum y Morena. No tienen el control que pretenden sobre las mayorías. La autocracia morenista manda, pero no convence.
Raúl Trejo Delarbre
Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus libros más recientes son: Posverdad, populismo, pandemia y Adiós a los medios.