En vez de ser una garantía para la sociedad, los derechos de las audiencias se están convirtiendo en instrumento del oficialismo para censurar a medios de comunicación. La semana pasada la presidenta Sheinbaum invocó esos derechos cuando expresó su disgusto porque Reforma publicó varias fotografías de Andrés Manuel López Obrador acompañado por el dictador venezolano Nicolás Maduro. Aunque las imágenes son reales, la presidenta consideró que al publicarlas se incurría en una forma de manipulación y, por eso, dijo que los derechos de las audiencias debían evitar tales prácticas.
Unos días después, los canales 11 y 14 cancelaron la transmisión de un programa de entrevistas en donde el actor Eduardo Verástegui, conocido por sus opiniones ultraconservadoras, se expresó contra el derecho al aborto, entre otros temas. La entrevista la realizó Sabina Berman en su programa “Largo aliento”. La propia conductora difundió avances de la conversación, en donde Verástegui reitera las posiciones intolerantes que se le conocen desde hace tiempo: su excluyente idea de la familia, su fundamentalista fe católica, su rechazo al aborto del cual dice, sin matices, “es un crimen, es un asesinato… que no se puede defender”.
Los puntos de vista de Verástegui son execrables. Pero también lo es la decisión de censurarlos. La entrevista debería haberse transmitido el jueves 8 de enero, pero no ocurrió así. Los defensores de audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) en cuyo canal 14 se transmite el programa de Berman, y del Canal Once que también lo difunde, publicaron un comunicado conjunto para respaldar el veto a esa transmisión.
La decisión de no transmitir el programa fue, según se dice en ese documento, de las direcciones de los canales 14 y 11. Los defensores de audiencias de tales emisoras respaldan esa acción de censura porque, dicen, “la libertad de expresión en los medios públicos” está “acotada al respeto irrestricto de los derechos humanos y la no discriminación”.
Esos defensores de audiencias, en vez de representar a los televidentes, actúan como voceros de los directivos de los canales 11 y 14 y avalan una decisión excluyente y paternalista. Las audiencias tienen derecho a “recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la Nación” y a “recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad”. Eso dice el artículo 250 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión promulgada el 31 de agosto pasado, después de que la ley anterior fue sustancialmente reformada por Morena y sus aliados.
En contra de tales disposiciones, los directivos y defensores decidieron que las audiencias de esos canales no tienen derecho a conocer opiniones discriminatorias, como las que expresa Verástegui. Tratan a las audiencias como si fuesen menores de edad, sin aptitud para recibir críticamente esos mensajes. Al discurso de Verástegui no hay que responderle ocultándolo, sino confrontándolo con hechos, razones, con una documentada deliberación pública. Nada de eso promueven quienes dirigen al SPR, al Canal Once y a otros medios financiados con recursos públicos que, en vez de cumplir con la libertad y la diversidad que son parte de sus obligaciones constitucionales, acaparan tales espacios con propaganda oficialista.
Los defensores del SPR y el Canal Once, igual que los de otros medios supuestamente públicos, nada han dicho para replicar contra la monotonía y la unilateralidad de esa propaganda que se transmite a diario y a toda hora. No cuestionan el empleo de tales frecuencias como instrumentos al servicio de una sola voz —la del gobierno— en demérito de otras ideas, actitudes o posiciones presentes en la heterogénea sociedad mexicana. Las defensorías de audiencia para nada replicaron, por ejemplo, cuando el otrora influyente médico Hugo López Gatell, en un programa que transmitían varias televisoras del gobierno, descalificó a los padres que solicitaban medicamentos para sus niños con cáncer.
Tampoco han dicho una sola palabra acerca de la saturación de señales del Estado con los mismos mensajes y programas. Manejados de manera centralizada, sin respeto a la singularidad que debiera tener cada uno de ellos, en los canales 11 y 14 hay programas que se difunden en ambas frecuencias. Así ocurre con la serie que conduce Sabina Berman (que, salvo excepciones, es un programa en donde se promueve a personajes del oficialismo) y, sobre todo, con las conferencias mañaneras en Palacio Nacional. Los canales 11 y 14 transmiten a diario, durante varias horas, las alocuciones de la presidenta Sheinbaum, como antes las de López Obrador.
El comunicado que respalda la censura a la entrevista con Verástegui no tiene firmas. Es un documento de “las Defensorías de Audiencia” de los canales 14 y 11, pero esos son órganos unipersonales. El defensor de audiencias del SPR, y por lo tanto del canal 14, es el doctor Lenin Martell Gámez, profesor en la Universidad Autónoma del Estado de México y autor del libro El imaginario de lo público en la radio, que fue su tesis doctoral en la UNAM. Martell ocupa ese cargo desde octubre de 2021. El defensor de las audiencias en Canal Once, desde inicios de 2024, es el doctor Gerardo Estrada Rodríguez, destacado profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que además ha sido funcionario de larga trayectoria en instituciones culturales.
El empleo de los medios públicos como instrumentos de propaganda del gobierno y su partido ha sido insistentemente violatorio de los derechos de sus audiencias. Entre otros casos, se puede recordar que desde inicios de la gestión de López Obrador, y en los años siguientes, el SPR se utilizó para difundir propaganda política oficialista; se han documentado numerosos episodios de información falsa en los canales 11 y 14 y en otros medios públicos. En 2023 el SPR difundió, como si fuera material informativo, propaganda de precandidatos de Morena. Ya en 2024, durante la campaña electoral, los noticieros de Canal Once ofrecieron información sesgada acerca de la candidata presidencial de la alianza opositora. En el mismo Canal Once se difundió una serie en donde se hacía sistemático escarnio de personajes públicos, en particular mujeres, que tenían posiciones diferentes a las del gobierno.
Los derechos de las audiencias son una prerrogativa esencial de los radioescuchas y televidentes. Su reconocimiento, en el artículo 6º de la Constitución y luego en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, fue un importante avance de la sociedad. Sin embargo, la mayor parte de radiodifusores privados, que consideran como propiedad suya los espacios del espectro radioeléctrico de cuyas concesiones son beneficiarios, descalificaron y menospreciaron tales derechos porque limitaban algunas de sus prácticas engañosas, entre ellas la costumbre de confundir menciones y anuncios comerciales con el contenido de los programas.
Tales derechos han sido motivo de litigio judicial, tanto por parte de empresas de radiodifusión que no han querido cumplir con ellos, como a iniciativa de grupos de defensa de las audiencias. En respuesta a exigencias de empresarios de los medios y del gobierno del presidente Peña Nieto que propuso esa Ley, en 2017 el Congreso limitó algunos de tales derechos. En 2021 la Suprema Corte los restituyó, pero su cumplimiento depende de los lineamientos que establezca la autoridad reguladora de la radiodifusión. Esa tarea la cumplía un organismo autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero ahora está a cargo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que depende del gobierno.
Entre los derechos de las audiencias hay una disposición que puede emplearse para censurar a los medios. Se trata de la obligación para que en los noticieros se distinga entre información y opinión. Después de ser cuestionada por numerosas organizaciones, la propuesta de ley que presentó la presidenta Sheinbaum fue ligeramente modificada y esa disposición, en el actual artículo 250, ahora dice: “los concesionarios facilitarán elementos para diferenciar entre información noticiosa y opinión”. Sin embargo, no hay información que no esté entremezclada con un punto de vista. La semana pasada The New York Times publicó una entrevista con el presidente Donald Trump en donde los reporteros apuntan: “Trump sonaba más envalentonado que nunca”. La información siempre está asociada a un punto de vista.
El gobierno quiere aprovechar esa y quizá otras disposiciones de los derechos de audiencias para limitar a los medios. Molesta con las fotografías que recordaron la simpatía de AMLO hacia Maduro, la presidenta Sheinbaum dijo: “Ahora en la nueva Ley de Comunicación viene el derecho de las audiencias y pediría ahora a Pepe Merino [el titular de la Agencia de Transformación Digital] y a la nueva comisionada del órgano regulador que se regule en particular en México el tema del derecho de las audiencias”.
La presidenta ignora, o soslaya, que la Ley garantiza esos derechos en la televisión y la radio, pero no en la prensa escrita ni en las plataformas digitales. A menos que el gobierno esté considerando intervenir en esos espacios con el pretexto de defender a las audiencias. Sheinbaum abundó: “Cómo se va a garantizar el derecho de las audiencias en los medios de comunicación para garantizar lo que está en la Constitución, que es el derecho a la información y no a la construcción de la supuesta verdad, cuando muchas veces está manipulada”.
Manipulación existe, demasiada, tanto en medios comerciales como en los de carácter púbico y en las declaraciones del gobierno. Las audiencias tienen que ser cada vez más perspicaces para identificar falsedades y, en su caso, dar la espalda a los medios que las difunden. Los discursos de odio se confrontan en la discusión pública. A las distorsiones y mentiras no se les corrige con medidas de censura y mucho menos si el Estado intenta designarse como interventor de la verdad.
Raúl Trejo Delarbre
Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus libros más recientes son: Posverdad, populismo, pandemia y Adiós a los medios.
Cuando utilizas fotografías de AMLO con Maduro refiriéndote a la conexión de la supuesta conexión de Maduro con los gobiernos del 2000 al 2012 , no es manipulación lo que estás intentando? Tú solo pierdes la potencialidad de tu texto cuando empiezas acusando al hecho que la Presidenta hizo el señalamiento de cómo se usó esas fotografías en su momento y que no tiene nada que ver ese hecho con lo que se trata en tu artículo de “opinión “.