
La humillación pública es un instrumento que el poder utiliza para afirmar su predominio. El que humilla busca estigmatizar, marcar a su contrario, lo señala como derrotado. La humillación pública busca provocar miedo: ya que no ha sido por convicción, a las personas se les somete por la fuerza. La humillación pública es la derrota de las razones, pero también de la ley.
Al humillarlos frente a los demás, el que ejerce tal recurso desde el poder intenta despojar a sus opositores del carácter de iguales que es indispensable en una sociedad de ciudadanos. Los degrada moralmente al atacar su orgullo y honor. El estigma así impuesto es marca, afrenta y desdoro. Es una señal que castiga al que, de manera real o supuesta, ha estado en falta.
La historiadora alemana Ute Frevert estudia en The Politics of Humiliation (Oxford University Press, 2020) el ejercicio del poder para avergonzar y, de esa manera, debilitar a los contrarios. “La humillación pública —explica— exhibe el poder. Al someter a las personas ante otros, los actores sociales afirman de forma enfática su posición superior y de mayor poder”.
La humillación desde el poder sólo tiene sentido cuando es pública: que otros la presencien, que se sepa el escarmiento y sirva de advertencia. Por eso es instrumento de líderes y políticos autoritarios. Aunque el actor central es la persona mostrada en el escarmiento, se advierte la presencia del prepotente que ha dispuesto tal demostración. De esa manera quiere que se le reconozca en su capacidad para dominar y que la exhibición sea ilustrativa, se trata de una perversa pedagogía de la superioridad.
También es un espectáculo para los medios. En la sociedad interconectada por redes digitales, se le propaga en directo y se le retuitea para beneplácito del que humilla.
Ofrecer disculpas puede ser un gesto de civilidad, cuando ocurre entre iguales. La humillación pública, en cambio, es una demostración forzada por el poder de quien la reclama. No es una acción ciudadana, sino la negación de ella. La vergüenza pública, así constreñida, tiende a suscitar temor y enrarece la discusión en sociedad.
Frevert indica que “la humillación pública sólo funciona en contextos de relaciones de poder asimétricas”. El que humilla demuestra más poder que el humillado. La deshonra pública es parte de la historia de la dominación punitiva, así como de las ceremonias con las que el poder autoritario atemoriza para afianzarse: la criminal persecución racial e ideológica contra judíos y opositores en la Alemania nazi; las purgas, juicios públicos y los asesinatos masivos en el estalinismo soviético; las persecuciones y violentas humillaciones públicas en la llamada revolución cultural maoísta. Personas marcadas y señaladas, supuestas confesiones y autocríticas, forzadas expiaciones simbólicas, son parte del terror y la humillación en regímenes totalitarios.
En Camboya el terror polpotiano perpetró ejecuciones masivas y exhibía en jaulas a funcionarios de gobiernos anteriores. En Corea del Norte el control social es apuntalado con sesiones de “autocrítica” obligatorias en donde los ciudadanos deben reconocer presuntas faltas. En Irán, el régimen teocrático humilla públicamente a quienes desacatan tradiciones religiosas, en especial mujeres y disidentes políticos.
Esos episodios de persecución violenta y amedrentamiento moral extremos han sido condenados por el mundo. Pareciera que hay menos espacio para tales abusos conforme se extiende el reconocimiento y defensa de los derechos humanos, así como el ejercicio de la democracia. Pero el ascenso de regímenes autoritarios los trae de regreso. El populismo, cuando se entrecruza con el autoritarismo, puede incurrir en acciones de humillación pública tanto a manera de propaganda, o para acentuar la polarización entre quienes lo aplauden y, por otra parte, aquellos que no lo respaldan.
El senador Gerardo Fernández Noroña obligó a un ciudadano, que lo interpeló con malos modos, a ofrecer una disculpa pública. El año pasado, en una sala del Aeropuerto, esa persona le gritó y, cuando Noroña quería grabarlo, le arrebató su teléfono celular. Aunque poco después ese ciudadano, que es abogado, difundió una disculpa por escrito, al senador le pareció insuficiente. El 19 de mayo pasado, en una sala del Senado, esa persona tuvo que leer su disculpa delante de Fernández Noroña.
La presidenta Claudia Sheinbaum intentó restarle importancia a ese episodio diciendo que fue un asunto entre particulares. No es cierto. Fernández Noroña fue increpado no por su conducta privada, sino por lo que hace como personaje público. La manera como lo hizo el ciudadano disgustado con él no es defendible. Pero Noroña utilizó al departamento jurídico del Senado para denunciar a esa persona. Luego, la disculpa se escenificó en oficinas del propio Senado y difundió en redes y con recursos de esa misma institución. La humillación pública del abogado recibió el tratamiento de un asunto de Estado. Jesús Silva-Herzog Márquez ha encontrado clara similitud entre la autohumillación del abogado que increpó a Fernández Noroña y la disculpa pública a la que fue obligado el poeta Heberto Padilla, en 1971, por parte de la dictadura de Fidel Castro.
Gerardo Fernández Noroña tiene por costumbre insultar y mentir sin reparo alguno, tanto en la tribuna senatorial como delante de cualquier micrófono. Con frecuencia injuria a reporteros que informan sobre asuntos que le resultan incómodos, sus gastos de viaje han sido polémicos, se dio el lujo de viajar a Estrasburgo para hablar ante un Parlamento Europeo casi vacío. Su falta de respeto a otras personas fue evidente cuando, durante la pandemia, se negaba a ponerse cubrebocas. Llegó al Senado postulado por el Partido del Trabajo, organización de conocidas simpatías con la dictadura de Corea del Norte… que es tan proclive a las humillaciones públicas.
Fernández Noroña utilizó recursos públicos para obligar a que la persona que lo importunó se disculpara con él. Los utilizó también para publicitar ese acto. Aprovechó su posición para una venganza personal. No le ha ido bien. A pesar del esfuerzo de Sheinbaum para soslayarlo, abundan las reacciones desfavorables a ese desmán de Fernández Noroña.
Los autócratas se pueden regodear con el empleo de la humillación pública, pero la sociedad la ve con desconfianza e, incluso, como un agravio a los ciudadanos. El que humilla confirma que su entereza depende del sobajamiento de otros. Muestra, así, su debilidad moral. El pensador israelí Avishai Margalit sostiene que “una sociedad decente es aquella en donde las instituciones no humillan a las personas y respetan su dignidad”.
Raúl Trejo Delarbre
Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus libros más recientes son: Posverdad, populismo, pandemia y Adiós a los medios.