La hostilidad obradorista contra Lorenzo Córdova –que como presidente del INE promovió la aplicación de la ley, aunque no les gustara a los dirigentes de Morena– llegó al extremo de difamarlo en uno de los libros de texto gratuito. Centenares de miles de alumnos han recibido una información sesgada y que constituye una calumnia para Córdova. La Suprema Corte de Justicia (SCJN) está por resolver una demanda de amparo presentada por el hoy profesor universitario en defensa de su fama pública y del derecho de los estudiantes a recibir una educación libre de prejuicios.
El 2 de julio pasado la Segunda Sala de la SCJN, que sesiona con cuatro de los cinco integrantes que debería tener –porque en noviembre pasado terminó la gestión del ministro Luis María Aguilar–, tuvo que posponer su decisión sobre la demanda de Córdova. El proyecto de sentencia, favorable al demandante y presentado por el ministro Javier Laynez, fue respaldado por él mismo y por el ministro Alberto Pérez Dayán. En contra, votaron las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel. Para resolver ese empate se tendrá que llamar a un ministro de la Primera Sala, esta semana o la siguiente. Será una de las últimas resoluciones de la actual Corte, antes de que lleguen los ministros designados en la elección del pasado junio.
Las expresiones de Córdova acerca de un individuo que se presentaba como dirigente indígena han sido muy propaladas, pero sin el contexto en que se formularon. El 23 de abril de 2015 un grupo llamado Gubernatura Indígena Nacional acudió a las oficinas del INE y amagó con ocuparlas si no resolvían sus demandas. El presidente del INE se reunió con ellos más tarde. Iban encabezados por Hipólito Arriaga Pote, que se presentó como “Gobernador Indígena Nacional” y “Representante de 17 millones de indígenas”. Arriaga, que murió en mayo de 2021, tuvo un desempeño polémico. En varias ocasiones fue denunciado como falso representante indígena, interesado en obtener beneficios y posiciones personales. Otros dirigentes indígenas decían que buscaba, y a veces recibía, dinero de manera ilegítima.
En la reunión con Córdova y otros funcionarios del INE también participó Mauricio Mata Soria, miembro de la Gubernatura Nacional y que decía ser líder chichimeca en Guanajuato. En ese encuentro Mata le solicitó al presidente del INE una diputación plurinominal para un representante indígena. Los funcionarios electorales les explicaron a esos dirigentes que las diputaciones no las resuelve el INE y que son asignadas a partir de los votos ciudadanos para los candidatos de los partidos. La reunión no fue sencilla, debido a que los visitantes presentaban exigencias que el INE no tenía facultades para resolver.
Luego del encuentro, en una conversación telefónica con el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, Córdova comentó de manera sarcástica el fingimiento de alguno de esos personajes. La charla era privada y fue grabada de manera ilegal. Un mes más tarde ese audio fue filtrado a varios medios de comunicación y se difundió en redes digitales.
Numerosos comentaristas en la opinión publicada cuestionaron la ilegalidad de esa grabación. Los malquerientes de Córdova, por otra parte, la aprovecharon para intentar desacreditarlo. El entonces presidente del INE ofreció una disculpa pública y presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia por la intervención telefónica que sufrió. En realidad, en ese episodio, las víctimas eran Córdova y su interlocutor telefónico. Todo ciudadano, incluso si es funcionario público, tiene pleno derecho a hacer comentarios personales en una conversación privada. Grabar esa conversación fue un delito, que sigue sin ser indagado o castigado.
Fue, como señaló con toda precisión José Woldenberg: “Una comunicación privada, ilegalmente obtenida. Uno se pregunta si cualquier persona soportaría la intervención de sus conversaciones privadas, dado que precisamente por ser privadas, no es raro que se pronuncien gracejadas de todo tipo y dichos que sólo tienen cabal sentido en ese ámbito. Precisamente por ello están prohibidas y deberían ser sancionadas las interferencias telefónicas. Lo que por supuesto no sucedió. Nadie, absolutamente nadie, podrá atribuirle a Córdova, en su labor pública, ni el más mínimo rastro de racismo o discriminación”.
Aquel episodio se utilizó años después, por el gobierno de López Obrador, para dañar a Córdova de manera autoritaria y miserable. En dos ediciones del libro de texto gratuito de sexto grado Proyectos comunitarios, editados por la SEP, se le menciona, en un contexto ominoso, como culpable de una conducta discriminatoria. Se trata de las ediciones para el ciclo 2023-2024 y para el ciclo escolar 2024 – 2025. Allí, en las páginas 246 y 234 respectivamente, como parte de un módulo destinado a explicar la discriminación y la violencia, se recuerdan varios hechos históricos de esa índole, entre ellos el linchamiento y la tortura de miles de afroamericanos a fines del siglo XIX, el genocidio contra la población armenia en la segunda década del XX, el exterminio de judíos por parte de los nazis en la Segunda Guerra y el genocidio de la población tutsi en Ruanda en 1994. Junto a esos hechos de exterminio de centenares de miles de personas, se dice también que, en 2015, el entonces presidente del INE “se mofa de los representantes de las naciones originarias”.
El despropósito y la maliciosa exageración de ese párrafo, destinado no a educar a los niños sino a dañar a un ciudadano que no se allanó a las exigencias del poder político, es evidente. El comentario casual que Lorenzo Córdova hizo en una conversación privada no es comparable, para nada, con los crímenes que cometieron los déspotas otomanos, Hitler y sus asociados o los extremistas hutus.
Por eso, y en defensa de su reputación, Córdova presentó una solicitud de amparo. El 15 de abril de 2024 el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, dictó sentencia a favor suyo y dispuso que se suspendiera la distribución de ese libro y enmendara la versión digital para que fueran retiradas las alusiones infamantes. La SEP y la Comisión Nacional de Libros de Texto se inconformaron ante esa resolución. El asunto llegó a un Tribunal Colegiado de Circuito, el cual lo turnó a la Suprema Corte. Allí, en la Segunda Sala, el ministro Laynez Potisek fue designado para estudiar el asunto y proponer una resolución.
La propuesta de sentencia del ministro Laynez respalda en estos términos el amparo que otorgó la juez de Distrito: “resultan fundados los argumentos del quejoso a través de los cuales plantea que el acto reclamado transgrede su derecho al honor y reputación debido a que modifica la opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre dicha persona, ya que sólo muestra una parte de los hechos que dieron su origen y demerita las cualidades morales y profesionales que ha demostrado a lo largo de su carrera académica y profesional”.
La mención que el libro de texto hace de Córdova es tramposa y sin contexto, entre otras cosas porque no se dice que fue registrada en una intervención telefónica ilegal: “ignora que no existe una determinación que califique la legalidad o no de la intervención a las comunicaciones privadas del quejoso, lo que implícitamente valida una posible acción ilegal y, por tanto, distorsiona la legitimidad de la fuente del hecho por sí mismo”. Esa mención, añade la propuesta de sentencia, “presenta un evento puntual y aislado de la carrera profesional del quejoso como si fuera una definición integral de su persona o comportamiento habitual”.
Mostrar ese comentario sin tomar en cuenta su entorno, constituye un engaño que desnaturaliza al libro de texto: “la publicación reclamada constituye una descalificación a la probidad profesional del quejoso debido a que omite información elemental para comprender el contexto, presenta el evento de manera sesgada como si fuera un patrón de conducta y magnifica desproporcionadamente un suceso aislado, lo que daña grave e injustificadamente su imagen pública”.
El proyecto propone que la Corte instruya a las autoridades educativas para que dejen de distribuir las ediciones ya impresas de ese libro “y, en su caso, se suprima la mención que motivó la presente concesión en posteriores ediciones”. Además, que en la versión digital “se suprima la mención que se hace del quejoso”.
El interés del gobierno para denostar a Lorenzo Córdova expresa una enfermiza intolerancia. El 28 de julio pasado la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a difundir la conversación telefónica de hace más de 10 años con las expresiones del entonces presidente del INE. La presidenta no dijo que ese audio se obtuvo de manera ilegal, que se trata de una conversación privada y que quienes la grabaron cometieron un delito. Sheinbaum actuó con la misma inquina que su antecesor. Pero además dijo, cuando un reportero mencionó el proyecto de sentencia del ministro Laynez: “Pues vamos a ver qué dice la Corte, pero lo cierto es que, incluso aunque la Corte decidiera, lo vamos a seguir mencionando, porque hay cosas que no podemos olvidar”.
La presidenta anuncia, de esa manera, que incluso si la sentencia de la Corte obliga a retirar del libro de texto las expresiones infamantes contra un ciudadano, su gobierno las seguirá difundiendo. El gobierno de López Obrador cometió la vileza de utilizar los libros destinados a educar a los niños, y que se editan y distribuyen con recursos públicos, para perpetrar una venganza política. Será inadmisible que la presidenta Sheinbaum persista en esa ilegal y autoritaria mezquindad.
Raúl Trejo Delarbre
Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus libros más recientes son: Posverdad, populismo, pandemia y Adiós a los medios.
Inadmisible es el hecho de querer justificar a un exfuncionario tan nefasto como Lorenzo Córdoba a través de comentarios tan ambiguos como lo hace Trejo Delabre. El acto vil y denigrante del trato dado en una conversación oficial con representantes indigenas, debería haber sido sancionado conforme a Derecho. No es , ni será suficiente exhibir a tan miserable individuo, quién en vez de renunciar al cargo por su conducta arrogante e insultante, se le permitió estar al frente de un Instituto que fue facciosoy y viviouno de los episodios más abertantes de los cuales se tenga memoria.
Finalmente los Libros de Texto Gratuito, son elaborados por maestros, especialistas y expertos, integrados a una Comisión Nacional que determina su diseño, contenido y difusión, siendo un ejemplo para muchos países del orbe, lo cual , como parte de la política educativa de nuestro país nos llena de satisfacción.
Preocupante resulta que la educación de nuestros hijos esté en manos de gente como este opinante que no ve más allá de sus narices.