Le llaman reforma de “supremacía constitucional”. Si eso fuera, sería innecesaria porque, en todo orden jurídico, la Constitución es la ley suprema. Que esté por encima de cualquier otra disposición legal no implica que, en un régimen democrático, la Constitución sea incuestionable. Sus disposiciones han de ser interpretadas por los jueces, cada una de ellas puede ser reformada si coinciden en ello las mayorías calificadas en el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales, el debate en torno a ella es constante.
Una Constitución siempre es discutible. Por eso resulta elocuente, como emblema de los desastrosos excesos que está cometiendo el régimen, el nombre que le asignan a esa imposición: reforma “en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución federal”.
Impugnar es combatir, contradecir, refutar. “Inimpugnable” es aquello que no puede ser motivo de impugnación. No admite cuestionamiento aquello que no deja lugar a duda. Los dogmas religiosos son inimpugnables para los creyentes. La infalibilidad de un líder es irrefutable para los fanáticos. Una ley suprema hay que acatarla pero la convicción en torno a ella no se sustenta en la fe, sino en las convicciones cívicas.
Son “inimpugnables” una acción, o una persona, de integridad o ética irreprochables, si es que las hay. Pero todo hecho, y en el campo de las leyes toda disposición jurídica, resultan debatibles por sólidas o perennes que parezcan. En la ciencia hay leyes comprobadas —la ley de la gravedad, por ejemplo— universalmente aceptadas… hasta que se demuestre lo contrario, o cambien las condiciones en las que se aplica. En el Derecho las sentencias firmes son jurídicamente inimpugnables, pero se trata de casos específicos resueltos por una última instancia judicial.
Pretender que la Constitución no puede ser impugnada no es un reconocimiento al orden jurídico, sino una medida política para favorecer al grupo que hoy detenta la mayoría legislativa. La que impone Morena no es una decisión que proteja el interés del pueblo. La posibilidad de refutar a la Constitución con amparos, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, es un derecho de los ciudadanos y la sociedad.
La Constitución debe ser para todos, al ser de todos. Por eso resulta de un pacto, expresado en el Congreso pero cuyas decisiones pueden ser revisadas por el Poder Judicial. Al impedir cuestionamientos jurídicos, se hace de la Constitución un instrumento al servicio de una facción. La historia mexicana está colmada de abusos que, por lo general, han resultado del poder incontrolado y acaparado por unos cuantos. Por eso la transición política de las décadas recientes creó instituciones, contrapesos y equilibrios para atenuar y acotar la capacidades otrora todopoderosas, o casi, del presidencialismo ilimitado. Todo eso está siendo devastado por la ambición de la fuerza política que ganó la elección de junio, pero que nunca fue avalada por los ciudadanos para cometer tales excesos.
Supremacía constitucional, le dicen a la consecuencia de esa reforma. En realidad se trata de la consagración, abusiva y tramposa, de la supremacía de la fuerza política hoy dominante y de la presidenta que la encabeza. Se trata de un abuso, porque moldea a la ley en beneficio de una camarilla de dirigentes y en perjuicio de los derechos de la sociedad. Es resultado de una trampa, porque Morena y sus aliados torcieron las reglas para obtener una mayoría calificada que los ciudadanos no les dieron en las urnas.
Los legisladores del oficialismo no representan la voluntad popular: la confiscan y usufructúan. No actúan a nombre de todos, sino de sus propias conveniencias. Tienen tanta desconfianza de los ciudadanos, y especialmente de la sociedad organizada, que resuelven con prisas el retroceso constitucional. Proponen, enmiendan su propia iniciativa, la dictaminan, la llevan al pleno y aprueban, en unas cuantas horas. No lo hacen a escondidas porque no pueden evitar el escrutinio mediático, pero sesionan de noche y en madrugadas. Evitan el debate público que habría, con opiniones diversas, en un parlamento abierto.
Toda reforma legal, y con mayor razón una reforma constitucional, se legitima en la exposición de ideas y en la posibilidad que tengan los interesados —y vaya que en este caso hay colegios de abogados, politólogos y numerosos especialistas del Derecho y la sociedad que podrían haber contribuido con sus puntos de vista— para ser escuchados. A todo ello se negó el oficialismo.
Los promotores de la “inimpugnabilidad” cancelan, con esa reforma, la posibilidad de que los cambios a la Constitución sean revisados por la Suprema Corte, u objetados ante los jueces. Durante semanas, los líderes oficiales y sus voceros habían reiterado que ni la Corte, ni los juzgados que concedían amparos a quienes se reclamaron afectados por ella, podrían frenar la reforma que desmonta la estructura del Poder Judicial y establece la elección de jueces por voto popular. La iniciativa para la “inimpugnabilidad”, así como la improvisación con que fue presentada, confirmaron que la Corte y los jueces sí tenían atribuciones para revisar y suspender esos cambios a la Constitución.
Al ser “inimpugnable”, la Constitución puede ser un reservorio de tropelías y amenazas a los ciudadanos. Las advertencias de juristas destacados son desatendidas por la arrogante mayoría oficial, pero están registradas. La doctora Claudia de Buen Unna dice con claridad que esa reforma “no sólo afecta a los intereses de una clase o de una ideología, afecta a todos y todas: a nuestras libertades (de expresión, de trabajo, de tener propiedad privada, de tener ahorros, de dedicarte a lo que quieres, de decidir tu maternidad, de reunión, libertad de tránsito…) No podremos reclamar si las reformas que se planteen afectan a nuestros derechos humanos, y si no son acordes a los tratados internacionales y más aún, si son acordes a la propia Constitución conforme a los principios del artículo primero constitucional”.
El Estado es una suma de instituciones —tanto organismos, como reglas—, representaciones y compromisos. Con la abolición del derecho a recusar cambios constitucionales, comenzando con la demolición del Poder Judicial, el oficialismo arrasa con equilibrios y derechos esenciales que establece la Constitución.
El desmantelamiento del Poder Judicial es resultado de una venganza personal del ahora expresidente contra los ministros y jueces que enfrentaron algunos de sus excesos. La actual presidenta se subordina, haciéndolos suyos, a los rencores y la revancha de López Obrador. Pero además, con esos cambios Claudia Sheinbaum obtiene un poder más amplio, sin limitaciones legales que han tenido todos sus antecesores.
Aparentemente, con esa imposición política de discutible legalidad, la presidenta obtiene un triunfo mayúsculo. Quizá será un éxito pírrico. Sheinbaum y su camarilla están destruyendo al Estado mexicano. Siempre defectuoso, a veces ogro y filantrópico, en ocasiones elefante reumático, tutelar o fallido, el Estado mexicano ha encabezado a la sociedad con reconocibles márgenes de eficacia. Sin dejar de ser autoritario, nuestro Estado a la vez ha construido consensos. Forzado por la realidad o conducido por políticos con vocación, precisamente, de Estado, ha reconocido la pluralidad que se extiende en nuestra sociedad. Todo eso, ha significado gobernabilidad. Sin los contrapesos que son fuente de legitimidad y eficacia Sheinbaum podrá mandar, pero la responsabilidad de gobernar le resultará cada vez más difícil.
Raúl Trejo Delarbre
Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus libros más recientes son: Posverdad, populismo, pandemia y Adiós a los medios.