Para hacer política, según la concepción cínica que es ampliamente mayoritaria, estorban los escrúpulos. Todo se vale, con tal de alcanzar lo que se pretende. En el tobogán hacia el despeñadero institucional en el que nos encontramos ahora, junto a las consecuencias de las reformas legales que impone con ostentosa desvergüenza, López Obrador y su partido manifiestan una completa, pero además confesa, ausencia de escrúpulos.
Gran palabra, como diría Gil Gamés. Escrúpulo es “duda o recelo inquietantes para la conciencia sobre si algo es bueno o se debe hacer desde un punto de vista moral”, precisa El Diccionario. Esa comezón moral que se experimenta ante una acción incómoda, se ha convertido en extendida urticaria en el grupo en el poder y entre sus propagandistas. Wikipedia ayuda a la definición: “del latín, scrupulus, diminutivo de scrupus, piedrecilla que se mete en el zapato”.
López Obrador, y por lo tanto su movimiento, se ufanaron siempre de una superioridad moral que, según pretendían, los diferenciaba de la vieja élite política y de buena parte de la sociedad. “No somos iguales”, han repetido con arrogante menosprecio a todos los demás. Una y otra vez, el casi expresidente ha vilipendiado a todos aquellos que no se le someten desde una posición de autodesignada preeminencia en el terreno de los valores y la conducta personal.
Con la cantinela de que representa a los desvalidos López Obrador ha mantenido un discurso autorreferencial, desdeñoso del resto de los actores políticos, en donde no hay más parámetros para resolver los asuntos públicos que los que él mismo establece. A partir de esa supuesta supremacía moral, el presidente oculta los problemas y se burla de sus antagonistas.
Pero es imposible decirse moralmente superior —y que muchos lo crean— cuando se actúa de manera tan ostensiblemente tramposa como hicieron los obradoristas para que fueran aprobadas las reformas constitucionales en materia judicial. El gobierno intentó alterar las reglas para determinar la mayoría relativa, extorsionó con expedientes judiciales a varios senadores, se alió con legisladores a los que había descalificado e insultado, utilizó a la Guardia Nacional para amagar a un senador y su familia en Campeche.
Los operadores obradoristas le mintieron al pleno del Senado mientras la sesión se transmitía en televisión nacional. Durante la votación de esas reformas, hubo senadores de la mayoría que alardearon con grotesca prepotencia. Los congresos estatales dominados por Morena votaron por esa minuta sin haberla conocido y sin discusión. En alguno de esos congresos dicha reforma, que ha sido considerada como la más drástica que se haya hecho a la Constitución en más de un siglo, fue aprobada en cinco minutos.
Las maniobras para que la reforma judicial fuera aprobada “sí o sí”, como dijeron legisladores morenistas, resultaron tan desaseadas que han ruborizado inclusive a no pocos miembros y simpatizantes de ese partido. En ese proceso no importaron los argumentos, sino la capacidad de manipulación para crear con trampas, y con un inusitado desplante de autoridad, una mayoría que Morena y sus aliados no ganaron en las urnas.
En un intento para disculpar, o justificar esa sucia operación, López Obrador dijo el 11 de septiembre que para él, la política “es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios”. Se trata de un reconocimiento descarado de la elasticidad con la que, pese a todas sus jactancias, López Obrador asume sus pautas morales.
El aún presidente va más allá de la manida frase sobre el fin que justifica a los medios. López Obrador ajusta sus normas morales según las circunstancias, a la manera de aquella expresión atribuida a Groucho Marx: “Estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros”. La llamada 4T dice que actúa con legalidad, pero si hace falta utiliza al ministerio público y a los servicios de inteligencia del Estado para chantajear a los senadores que le permitan alcanzar una votación. Si los principios están al servicio de los equilibrios políticos, es porque simplemente no existen. En el indecoroso proceso para aprobar la reforma judicial, López Obrador y su movimiento hicieron evidente que no tienen la presunta superioridad moral de la que tanto se ufanan.
41 senadores resistieron coacciones y mantuvieron su voto en contra. La felonía de otros dos, no debiera ensombrecer el reconocimiento a esos legisladores. Tampoco hay que olvidar el irresponsable desatino de los partidos de oposición que hicieron candidatos a personajes tan cuestionables como los Yunes —Márquez y Linares, hijo y padre— y la todavía oscura situación del senador Daniel Barreda en Campeche.
La oposición y la sociedad organizada aún tienen algo por hacer —entre otras cosas esforzarse para persuadir a legisladores de la mayoría en temas específicos— porque aún falta la discusión de varias reformas constitucionales, propuestas por López Obrador, como la desaparición de organismos autónomos.
La debacle moral del obradorismo ha sido tan evidente y la reforma judicial implica tantos retrocesos que ahora la cuestionan, inclusive, algunos propagandistas de la llamada 4T. Uno de los flancos más débiles del obradorismo se encuentra en la discusión pública, tanto porque en su cúpula no interesan los argumentos sino los aplausos, como por su escasa inserción en el mundo intelectual. En los medios, la llamada 4T tiene pocos defensores interesados en sostener una discusión de ideas. Algunos de ellos ahora discrepan con los métodos y el fondo de la reforma judicial.
Viri Ríos escribió el 28 de agosto sobre la elección de jueces por voto popular: “Temo que los jueces terminen controlados por el poder económico mediante el financiamiento ilegal de sus campañas y preferiría mayores requisitos de experiencia. Considero que lo mejor sería no implementarla en su versión actual”. Jorge Zepeda Patterson deploró el 12 de septiembre que esa reforma, “se haya conseguido echando mano de un recurso que traicionaría el sentido mismo de una reforma que pretende mejorar la impartición de justicia en México… Se trata de un fracaso de la política, porque terminó siendo una imposición sobre la minoría”.
Hernán Gómez Bruera publicó el 14 de septiembre una parcial autocrítica de su adhesión al obradorismo y discrepó: “La madrugada del 11 de septiembre el movimiento cruzó una línea que nos obliga a reflexionar si es que estamos ante el inicio de una deriva autoritaria… la manera avasallante y descarada en que se hicieron las cosas… es un mensaje de prepotencia. El de un oficialismo todopoderoso, que ahora vence pero no convence, que es incapaz de autolimitarse… Hace falta recurrir a maromas de triple dificultad o pecar de poca honestidad intelectual para asegurar que no será el oficialismo quien decida la conformación del futuro Poder Judicial porque los candidatos surgirán de las listas seleccionadas entre los tres poderes”.
Desde hace décadas se ha podido señalar la obsesión de López Obrador por el poder absoluto, aunque con la reforma judicial ese autoritarismo se manifieste de forma tan clara y agresiva. Esos comentaristas, igual que otros con posiciones similares, han tenido responsabilidad en la legitimación pública de la autocracia a la que hemos llegado. Que hoy la cuestionen, aunque sea parcialmente, indica que, incluso entre sus filas y cerca de ellas, hay quienes advierten la decadencia moral del obradorismo que resulta directamente proporcional a la concentración de poder que ejerce.
Raúl Trejo Delarbre
Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus libros más recientes son: Posverdad, populismo, pandemia y Adiós a los medios.