La postración de Zuckerberg

Crédito: Patricio Betteo

Facebook tiene más de 3000 millones de usuarios en todo el mundo. WhatsApp e Instagram, 2000 millones cada una. Aunque no todos son usuarios activos, la cantidad de mensajes que circulan por esas redes es vertiginosa. Se ha calculado que, cada minuto, los usuarios de Facebook producen más de 500 000 comentarios.

La cantidad de mentiras y desinformación que hay en ese océano de expresiones también es abrumadora. En un intento para atajar y corregir, o al menos señalar como tales a las versiones falsas más relevantes, en 2016 Facebook estableció un sistema de verificación de noticias. Las informaciones relevantes y que parecieran falsas, serían revisadas por periodistas o especialistas independientes. Si se confirmaba que no eran ciertas, Facebook las retiraría o al menos les colocaría etiquetas que señalaran que eran mentira.

Esa verificación de informaciones no ha sido del todo satisfactoria y con frecuencia tiene resultados tardíos, cuando una noticia falsa ya ha circulado y ocasionado confusión. Por otro lado hay quienes cuestionan la verificación porque consideran que la gente tiene derecho a decir falsedades, en ejercicio de su libertad de expresión. Pero cuando una mentira se difunde sin aclaraciones ni contrastes, puede conducir a decisiones o apreciaciones equivocadas y de consecuencias graves. Decir que las vacunas causan autismo es una falsedad y habrá personas que, al creerla cierta, se negarán a vacunarse ellos y a sus hijos. Propagar mensajes de odio y discriminación, incluso con imposturas tan desorbitadas como decir que todos los musulmanes son terroristas o que todos los mexicanos son criminales, acentúa el racismo y la polarización. Por eso el programa de verificación de Facebook, que funciona además para Instagram y Threads, todas ellas redes del consorcio Meta, ha sido importante. Durante años lo han impugnado grupos que propagan falsedades (por ejemplo, militantes antivacunas) o personajes a quienes han afectado decisiones de Facebook y otras redes. La verificación ha sido desacreditada por Donald Trump, cuyas cuentas en varias redes fueron canceladas en enero de 2021, cuando mintió acerca del asalto de simpatizantes suyos al Capitolio.

Poco antes de que Trump regresara a la Casa Blanca el dueño de Meta, Mark Zuckerberg,  anunció el 7 de enero la desaparición del sistema de verificación y la cancelación de criterios que restringían mensajes de odio y discriminación en “temas como la migración y el género que no están al corriente del discurso dominante”. En lugar de la verificación a cargo de profesionales, se establecerá un sistema de “notas comunitarias” como el que tiene X (antes Twitter). Allí, los usuarios que han sido autorizados por la propia red como verificadores, seleccionan mensajes que consideran falsos o inadecuados y colocan comentarios con información complementaria.

Con esas decisiones, Zuckerberg confirmó su alineamiento con las políticas del nuevo gobierno estadunidense. Apenas en agosto de 2024, Trump amenazó al dueño de Meta con encarcelarlo por haberse opuesto a él en la elección de cuatro años antes. Como parte de su control de daños, al comenzar 2025 Zuckerberg designó director de Políticas Globales de Meta a Joel Kaplan, un abogado especializado en cabildear a favor de políticos republicanos.

En el sistema de verificación ahora cancelado participaban más de cien organizaciones periodísticas de todo el mundo, entre ellas el portal mexicano Animal Político. El periodista Jorge Ramis, que participó en ese programa y ahora trabaja en la edición en español de Wired, recuerda, a partir de documentos de Meta, algunos logros de tal sistema: “Entre julio y diciembre de 2023, por ejemplo, cerca de 68 millones de publicaciones en Facebook e Instagram tenían etiquetas de verificación de datos. Cuando a algo se le etiquetaba como falso o engañoso, el 95 % de las personas no dan clic en el contenido”. En el caso de México, explica Ramis: “Las ‘noticias’ que se desmentían eran fotos o videos fuera de contexto, como el que decía, falsamente, que un grupo de migrantes había secuestrado un camión en Chiapas. También mentiras sobre supuestos robos de niños en México y otros países de América Latina. Luego llegó la pandemia de covid-19 y los verificadores de datos independientes asumieron un rol protagónico para desmentir, con los datos disponibles, ideas como la de que ‘tomar cloro elimina el virus’ o la de que ‘las redes 5G tenían que ver con la pandemia’”.

El reemplazo de la verificación profesional por comentarios de los usuarios suscitó, entre otros, el rechazo de Reporteros sin Fronteras cuyo director general declaró: “Mark Zuckerberg está siguiendo los pasos de Elon Musk en X y prometiendo su lealtad a la ideología de Donald Trump, enterrando el periodismo en favor de una concepción absolutista de la libertad de expresión. Esta ‘muskificación’ de las plataformas del grupo Meta obedece a una estrategia política: los intereses de los actores privados priman sobre la necesidad de un debate público basado en hechos. Sin embargo, promover la verdad no es censura y la regulación democrática no es un obstáculo ilegítimo”.

La verificación profesional formaba parte de un sistema de revisión en cuya cúpula se encuentra la Junta de Supervisión de Meta (Oversight Board) establecida en mayo de 2020 para analizar casos especialmente significativos y orientar las decisiones del consorcio. La Junta tiene 21 integrantes, entre ellos la periodista yemení Tawakkol Karman (Premio Nobel de la Paz), la escritora estadunidense Suzanne Nossel, directora del PEN America, el jurista András Sajó, que fue vicepresidente de la Corte Europea de Derechos Humanos y John Samples, vicepresidente del Instituto Cato. La Junta revisa casos emblemáticos, seleccionados entre los centenares de miles de quejas que plantean los usuarios de las redes de Meta. Los argumentos en cada asunto son expuestos abiertamente y las personas interesadas pueden enviar opiniones sobre ellos. Con ese procedimiento la Junta ha emitido más de 250 recomendaciones, algunas para modificar decisiones de Facebook, Instagram o Threads para etiquetar o retirar contenidos en línea. Meta no siempre atiende esas recomendaciones.

En varias de sus recomendaciones, la Junta ha reconocido la pertinencia de la revisión de datos a cargo de especialistas. Sin embargo, reaccionó con tibieza ante la cancelación de ese método. El mismo 7 de enero declaró: “La Junta de Supervisión da la bienvenida a la noticia de que Meta revisará su enfoque de verificación de datos, con el objetivo de encontrar una solución escalable para mejorar la confianza, la libertad de expresión y la voz de los usuarios en sus plataformas… La Junta de Supervisión espera ayudar a dar forma al renovado impulso de Meta por la libertad de expresión en 2025”. Esa declaración fue suscrita por los cuatro copresidentes de la Junta: la estadunidense Evelyn Aswad, profesora de Derecho en la Universidad de Oklahoma; Michael McConnell, de la Universidad de Stanford; Pamela San Martín, mexicana, exconsejera electoral en el INE y Helle Thorning-Schmidt, exprimer ministra de Dinamarca.

Thorning Schmidt dijo más tarde que, “si bien saluda la apertura a la participación de los usuarios, estamos viendo muchos casos en los que el discurso de odio puede provocar daños en la vida real”. Otros destacados integrantes de la Junta, el escritor egipcio Khaled Mansour y el periodista británico Alan Rudsbridger, exdirector de The Guardian, escribieron en Prospect, de la que es editor el segundo de ellos: “Nadie pretende que la decisión de Meta de repensar su enfoque de moderación de contenidos y verificación de datos no haya sido política. Trump está rodeado de personas que se consideran absolutistas de la libertad de expresión. Creen genuinamente que muchos, si no la mayoría, de los intentos de moderar palabras, imágenes o vídeos en las redes sociales, equivalen a una censura por motivos políticos”.

Sobre el método ahora elegido por Facebook, Mansour y Rusbridger alertan: “Imagínense cómo funcionarían esas notas comunitarias en conflictos encarnizados en los que las comunidades están desgarradas, extremadamente polarizadas o bajo una presión existencial sin precedentes, como la muy frágil transición en curso en Siria, donde la violencia sectaria y vengativa podría estallar por cortesía de la incitación y la desinformación en las penetrantes plataformas de redes sociales”.

Aunque uno de sus principios es la transparencia, la Junta de Supervisión no informa cuáles son las remuneraciones que reciben sus integrantes. Es sostenida por un fideicomiso independiente, creado con una aportación inicial de Meta, por 130 millones de dólares. En 2021 la revista The New Yorker dijo que los miembros de la Junta recibían “salarios de seis cifras por trabajar unas quince horas a la semana”. Eso significaría remuneraciones de al menos 100 000 dólares al año. La periodista Kate Klonik afirmó en ese reportaje que, cuando fue creada, la Junta de Supervisión les pareció demasiado liberal a algunos dirigentes republicanos y que, en mayo de 2020, el presidente Trump le llamó a Zuckerberg para quejarse de esa composición.

Ahora Meta, y su propietario principal, ceden a las exigencias de quienes consideran que las políticas de revisión de contenidos restringen la libertad de expresión. Las normas para evitar la exclusión de género o racial pueden ser discutibles, pero su cancelación no se debe a un análisis serio sino a los prejuicios del grupo conservador que llega al gobierno de Estados Unidos. Como el mismo Zuckerberg señaló, hay un nuevo “discurso dominante”. Y se repliega ante él.

Ese discurso, con el pretexto de reivindicar la verdad, abre la puerta a una cascada de mentiras presentadas como revelaciones contundentes. Entre sus promotores está el empresario tecnológico Peter Thiel, cofundador de PayPal y colaborador de Trump, que hace unos días publicó un artículo en el habitualmente riguroso Financial Times. Thiel considera que el acceso a la verdad en variados asuntos contemporáneos ha sido manipulado por el “Complejo de Supresión de Ideas Distribuidas” integrado por medios de comunicación, burocracias de los gobiernos, universidades y ONGs respaldadas con fondos públicos. Ahora, dice, gracias a Internet circulan otras versiones, que escapan al control de ese supuesto consorcio antiverdad.

Thiel dice que en el nuevo gobierno de Trump podrá saberse si al presidente John Kennedy lo asesinó Lee Harvey Oswald o si, como sugiere, el crimen fue organizado por Fidel Castro. O se conocerá cómo surgió el virus del covid-19 porque, afirma, hay quienes creen que fue fabricado con participación del gobierno de Estados Unidos. El texto de Thiel, con esa mescolanza de rumores, teorías conspiranoicas y suposiciones, parece un panfleto paranoico al estilo de tantos otros que circulan en línea. Pero apareció en uno de los periódicos más influyentes del mundo. Después de comentar el artículo de Thiel y las declaraciones de Zuckerberg en un podcast reciente, Alan Rusbridger escribió: “Estamos solos”.

Peter Thiel, el sábado 18 de enero, fue anfitrión de una rumbosa fiesta en su mansión en Washington. Allí coincidieron influyentes políticos republicanos con la élite de Silicon Valley, el nicho de los emporios digitales. Estaban el vicepresidente electo J.D, Vance, Donald Trump Jr., y Mark Zuckerberg. Todos ellos aplaudieron la toma de posesión este lunes 20 en el Capitolio.

Raúl Trejo Delarbre
Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus libros más recientes son: Posverdad, populismo, pandemia y Adiós a los medios.

 

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Publicado en: Sociedad y poder

4 comentarios en “La postración de Zuckerberg

  1. Hay que reconocer que los intereses políticos, de poder y monetarios se infiltran y desviertúan todo. Las agencias periodísticas de verificación y Meta estaban siendo usados para favorecer la agenda de la ONU y de los demócratas. Dice usted que tal cosa “es mentira”, cuando hay muchas cosas que circulan en la red que:
    1- No están comprobadas ni a favor ni en contra
    2- Son promovidas por sectores con intereses
    3- No responden a la vida democrática de un pueblo, como la agenda de trabajo de la ONU, que es decidida por una camarilla global, que después la “sugiere” a cada país con la presión que genera su imagen.

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