Menos pobres. Sí, pero…

El dato más importante en la información acerca de la pobreza en México es que, en 2024, disminuyó en 13.7 millones de personas en comparación con 2016. El gobierno, con razón, se ha ufanado de ese avance.

La puntualización más relevante sobre esa disminución de la pobreza indica que no se debió de manera fundamental a las transferencias de dinero público que entrega el gobierno, sino al incremento de los salarios mínimos. Especialistas como Enrique Provencio, Gonzalo Hernández Licona, Ciro Murayama y, con peculiar memoria y vehemencia, Ricardo Becerra, han subrayado ese rasgo. Se ha recordado que, aun cuando se aprobó al inicio del gobierno de López Obrador, el incremento a los salarios mínimos fue una iniciativa articulada y promovida desde el sexenio anterior en el entonces gobierno de la Ciudad de México.

Los datos sobre ingresos y pobreza de los mexicanos resultan de dos estudios complementarios realizados por el Inegi. La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, ENIGH, que se realiza cada dos años, se publicó el 30 de julio pasado. La Medición de Pobreza Multidimensional, que se apoya en datos de la ENIGH, era tarea del Coneval, que desapareció por la cancelación de organismos autónomos dispuesta por el gobierno y Morena. El Inegi asumió las tareas del Coneval y el 13 de agosto publicó el reporte correspondiente a 2024. Los datos de ambos informes permiten subrayar tendencias importantes y matizar algunas afirmaciones que se han propalado en la discusión reciente sobre la pobreza en México.

La ENIGH permite reconocer el peso de los salarios en el ingreso de los trabajadores, muy por encima de cualquier otro ingreso. Sin embargo, eso ocurría desde antes de los considerables incrementos en los salarios mínimos en el sexenio de López Obrador. En 2016, cuando aún gobernaba Enrique Peña Nieto, los ingresos por trabajo constituían 64.2 % de los ingresos de las familias en México. En 2024 tales ingresos fueron ligeramente superiores: 65.6 %. Las transferencias del gobierno fueron el 15.5 % del ingreso de los hogares en 2016 y crecieron a 17.7 % en 2024.

Se trata de un incremento modesto, si se le compara con la enorme erogación de dinero público realizada, de manera clientelar, por el gobierno reciente y que mantiene la presidenta Claudia Sheinbaum. El hecho de que esas transferencias son universales puede explicar, aunque sea en parte, el escaso impacto que tienen en la composición del ingreso promedio de todos los hogares. Los 6 200 pesos bimestrales de la pensión del bienestar los recibe lo mismo un viejo que gana 80 000 pesos mensuales, que quien depende de un salario mínimo de 8 300.

Entre 2016 y 2024, el peso de las remuneraciones de los hogares originadas en el pago de salarios creció 13.8 %, aunque los ingresos por trabajo independiente aumentaron 19.7 %. Los trabajadores reciben salarios más altos, pero es mayor el aumento debido al ingreso de quienes no tienen salarios regulares. En 2016, de todos los ingresos que recibían los hogares, los que se originaban en trabajo remunerado ascendían al 54.6 %. En 2024, los salarios constituyeron el 56 % de los ingresos en los hogares. Es una diferencia pequeña, sobre todo para la relevancia que tuvo el incremento en los salarios mínimos.

Las transferencias, como las registra la ENIGH, incluyen becas, jubilaciones, donativos y programas del gobierno. En 2016 constituían el 15.5 % del ingreso de los hogares. En 2024, el 17.72 %. Igual que con los salarios, el aumento en el peso de las transferencias respecto de los ingresos totales de los hogares resulta pequeño.

La desigualdad en México ha sido tan acentuada que, con todo y sus limitaciones, salarios y transferencias alcanzan a propiciar algunos cambios positivos. Entre 2016, el ingreso de los hogares más pobres aumentó 36.4 %. El de los más ricos, descendió 7.6 %. El análisis por deciles de ingreso que hace el Inegi no alcanza a registrar sesgos importantes en la concentración de la riqueza. En el decil más alto se encuentran lo mismo una familia en donde, entre todos sus integrantes, reúnen un ingreso de 78 000 pesos al mes, que otra con ganancias de varios centenares de miles o de millones de pesos.

En el decil de ingresos más bajos, siempre calculado a pesos de 2024, en 2016 el ingreso mensual por hogar era de 4 104. En el decil más alto el ingreso mensual era de 85 177. Ocho años más tarde, ese ingreso mensual era de 5 598 y de 78 698, respectivamente. En el decil más alto no se encuentran sólo los multimillonarios. También se ubican allí las clases medias altas, las más castigadas en los años recientes. Como quiera que sea, allí se aprecia una auténtica, aunque insuficiente, reducción de la desigualdad. Entre quienes recibieron alguna remuneración, en 2024 el ingreso promedio diario por persona en el México urbano fue de 105 pesos en primer decil y de 1 276 pesos diarios en el décimo decil.

Hay menos desigualdad, se registra una disminución de la pobreza, pero la gente tiene que gastar más dinero en comida y menos en educación o esparcimiento, entre otros rubros. En 2016 los hogares mexicanos destinaban el 35.1 % de su gasto promedio a comprar alimentos, bebidas y tabaco. Se trataba de 4 974 al mes. Ocho años más tarde, el gasto en ese rubro significó el 37.7 %, o 5 994.

En cambio, el gasto en educación en 2016 era el 8.65 % del gasto de cada hogar, en promedio, o 1 224. En 2024 el gasto para educación se redujo al 6.1 % del gasto corriente monetario de cada hogar, o 968 al mes. En esparcimiento, el gasto por hogar fue de 2.7 % y 2.6 % en esos años, o sea 388 y 420 pesos al mes, calculados, en todos los casos, a pesos de 2024.

La pobreza desde hace años se mide tomando en cuenta varias dimensiones y no sólo los ingresos de cada familia. El Coneval evaluaba acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación. De esos parámetros, resulta que en 2024 el país tenía 38.5 millones de personas en pobreza multidimensional (con un ingreso inferior al que se considera necesario para adquirir una canasta alimentaria por persona al mes y con al menos una carencia social). De ellas, 7 millones se encontraban en pobreza extrema (personas que además de no contar con ingreso suficiente para la canasta alimentaria, padecen tres o más carencias sociales). En 2016 los mexicanos en pobreza multidimensional eran 52.2 millones. Hay 13.7 millones menos que ocho años antes.

Aunque el Inegi es una institución de amplia credibilidad, con un trabajo sostenido de manera profesional en toda su historia, algunos especialistas y comentaristas han expresado dudas sobre la validez de comparar los resultados de 2024 con los de años anteriores, cuando los índices de pobreza eran calculados por el Coneval. Gonzalo Hernández Licona, que fue secretario ejecutivo de ese Consejo dijo: “hubo un par de variables que son parte de la pobreza, que en esta ocasión no se midieron igual que en los años previos… Y eso dio un bajón artificial, por ejemplo, el agua”. Por su parte Enrique de la Madrid sugirió, sin hacer precisiones, que los datos recientes sobre pobreza no son comparables con los anteriores.

Desde que difundió el informe sobre pobreza el Inegi explicó, en una Nota Técnica, que hizo ajustes en algunas preguntas en la encuesta de 2024. A diferencia de las anteriores, no se preguntó si las personas pertenecen al Seguro Popular o al Insabi porque esas instituciones ya no existen. En vez de ello, los encuestados declaran si están afiliados a alguna institución de salud o si tienen acceso a servicios médicos, incluyendo seguro privado. Por otra parte, precisaron la pregunta sobre disponibilidad de agua en las viviendas para registrar con más claridad el acceso a ese recurso por medio de sistemas captadores de lluvia. No parece haber incompatibilidad entre el estudio reciente y los anteriores.

La pobreza multidimensional afecta a casi el 30 % de los mexicanos, que son 38 millones y medio. Pero hay estados en donde la padece más de la mitad de las personas: 66 % en Chiapas, 58 % en Guerrero, 52 % en Oaxaca. La desigualdad tiene una vertiente regional que acentúa carencias y penurias en las zonas más desamparadas.

El rezago educativo es mucho mayor en Chiapas y Oaxaca (34 % y 30 %) que en el promedio nacional que es menor al 19 %. En varios rubros hay retrocesos que contradicen cualquier optimismo acerca de la reducción de la pobreza. En 2016 había 4.5 millones de niños y jóvenes de 3 a 21 años que no iban a la escuela; para 2024 esa cantidad creció a seis millones. En 2022 había 2.3 millones de personas de 22 y más años sin educación media superior completa y dos años más tarde aumentaron a 3.4 millones.

El mayor retroceso está en la atención a la salud. En 2016 teníamos 18.8 millones de mexicanos sin acceso a servicios de esa índole. En 2024, eran 44.5 millones. Casi 26 millones de mexicanos desprovistos de atención médica (el 34.2 % de la población) dan cuenta de uno de los mayores fracasos en la política que, pretendidamente, coloca primero a los pobres. Esa tragedia es mayor en los estados más pobres. La carencia de servicios de salud afecta en Chiapas al 63.3 %, en Puebla al 47.3 %, en Michoacán al 46.1 %. Tal rezago perjudica mucho más a quienes no tienen empleo. En 2016 el 9.1 % de la población no ocupada carecía de servicios de salud. En 2024, era el 22.3 %. Allí se advierte una de las consecuencias de la arbitraria y desventurada desaparición del Seguro Popular.

El tema de mayor importancia en términos políticos, y de política económica, es el peso que tienen, en la reducción de la pobreza, las principales fuentes de ingreso de las personas. ¿Qué tanto influyeron las transferencias que se realizan gracias a los programas sociales del gobierno? El informe sobre Medición de la Pobreza indica que esos recursos fueron relevantes, pero ofrece elementos para considerar que no fueron del todo determinantes. En 2024, como señalamos antes, hubo 38.5 millones de personas en pobreza multidimensional. Si no hubieran recibido transferencias del gobierno, esa cifra habría aumentado a 42.7 millones. Es decir, 4.2 millones de mexicanos dejaron de estar en pobreza gracias a las ayudas que entrega el gobierno con recursos fiscales. Esa es la dimensión, que no es poca pero tampoco es demasiada, de los programas sociales del gobierno.

La composición del ingreso de las personas, según el decil en el que se encuentran, ofrece matices interesantes. A diferencia del promedio general, que es superior al 62 %, el peso de los salarios es menor entre los recursos que reciben las personas más pobres: 44.7 % y 45.8 % en los dos primeros deciles. En cambio, en esos niveles el peso de las transferencias oficiales por persona (que en el promedio general constituyen el 16.1 %) asciende a 23.9 %.

Es decir, los apoyos del gobierno son más significativos para los más pobres que para quienes no lo son. También es relevante el ingreso por el trabajo de tipo independiente. Ese ingreso es de 9 % en el promedio de los deciles y de apenas 6.4 % en el de mayores recursos. Pero en los deciles más pobres alcanza el 21.2% y el 20.3 %. Gracias a su esfuerzo personal, empeñándose en trabajos sin remuneración fija, las personas de menores recursos obtienen casi tanto dinero como de los programas sociales.

Hay menos pobres, gracias a la conjunción de varias circunstancias. Las ayudas sociales del gobierno influyen en ese resultado, pero no tienen un papel determinante. Los aumentos a salarios mínimos ayudaron de manera importante, pero junto con factores como el trabajo independiente (y, muy posiblemente, el pluriempleo). Si no se reconoce esa diversidad y complejidad, será imposible que el país tenga una política económica capaz de profundizar, de manera sostenida, el combate a la desigualdad.

Raúl Trejo Delarbre

Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus libros más recientes son: Posverdad, populismo, pandemia y Adiós a los medios.