A la presidenta Sheinbaum le disgusta que se hable de militarización. En contra de las evidencias, rechaza que las Fuerzas Armadas ocupen ahora espacios que siempre fueron responsabilidad de instituciones civiles. Esa negación contribuye a normalizar la militarización reciente —y que será, seguramente, irreversible durante largo tiempo— en la vida pública mexicana.
Las deficiencias de los cuerpos policiacos y la necesidad de enfrentar a la delincuencia organizada llevaron a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a intensificar la presencia que las Fuerzas Armadas ya tenían en tareas de seguridad pública. A partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como sabemos, además de tratar de contener a los delincuentes los militares construyeron obras públicas, controlan aduanas, puertos aéreos y marítimos, dirigen trenes, hoteles y una aerolínea y, aunque surgió como institución civil, se hicieron cargo de la Guardia Nacional, todo ello con discrecionalidad y opacidad que violentan las leyes y debilitan la democracia. La presidenta Sheinbaum mantiene esa centralidad de los militares en la vida pública y dentro del Estado.
Seis investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM —Juan Jesús Garza Onofre, Sergio López Ayllón, Javier Martín Reyes, María Marván Laborde, Pedro Salazar Ugarte y Guadalupe Salmorán Villar— escribieron un compacto e ilustrativo libro que reconstruye la creciente, y con frecuencia ilegal e inclusive anticonstitucional, participación de las Fuerzas Armadas en actividades que deben ser atendidas por los civiles. Érase un país verde olivo. Militarización y legalidad en México (Grano de Sal, 188 pp.) reconoce, discute y cuestiona esa insoslayable presencia en nuestra vida pública.
En vez de profesionalizar y depurar los cuerpos policiacos, el gobierno federal se apoyó en las Fuerzas Armadas. Los autores explican que, ya avanzado el siglo actual: “La confrontación del Ejército con el crimen organizado generó un contexto bélico en amplias zonas del territorio nacional. De esta manera, por la vía de los hechos, se consolidó la preeminencia de la milicia sobre las fuerzas del orden civil”. La presencia en las calles del Ejército y la Marina fue avalada por el Congreso y la Suprema Corte.
La militarización no ha mejorado la seguridad pública. La violencia homicida de la delincuencia aterroriza cotidianamente a los mexicanos. Esa pesadilla se intensifica debido a que, además, hay militares que cometen infracciones a los derechos humanos. En 2018, de acuerdo con datos que aparecen en el libro, hubo 666 quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de la Sedena o la Secretaría de Marina. En 2022, las quejas contra abusos de integrantes de la Guardia Nacional o la Defensa Nacional sumaban 1005.
La militarización ha desbordado a la seguridad pública, avanza en la administración del Estado y se instala en la sociedad. Los autores encontraron, desde 2006 y hasta mayo de 2023, registro de 197 actos “que transfirieron funciones, obras o servicios a las Fuerzas Armadas”. El 52 % de esas decisiones, especialmente las más notorias y que involucran a los militares en importantes tareas ajenas a la seguridad pública, ocurrieron en gobierno de AMLO. Los autores analizan la participación de las Fuerzas Armadas en aeropuertos, puertos marítimos, aduanas y en el control de la migración.
La relación entre populismo y militarismo es tema del último capítulo del libro. Hay regímenes populistas que se apoyan en los militares y muchos otros que no. López Obrador, antes de ser presidente, mantenía distancia respecto de las Fuerzas Armadas y fue virando hacia ellas conforme se respaldó en los militares, cada vez más, para desempeñar actividades de muy diversa índole. Los autores precisan, con razón, que “la historia de América Latina ha demostrado que la militarización ha dejado a su paso los capítulos más oscuros y desoladores de la región”.
En México la retórica populista de López Obrador —y ahora de Sheinbaum— ha propagado entre los ciudadanos el discurso del militarismo. La “exaltación y la promoción de valores y principios militares (disciplina, heroísmo, lealtad y patriotismo) van cobrando siempre mayor fuerza en el imaginario colectivo”, dicen los autores. Pero es difícil que a las Fuerzas Armadas se les identifique con tales valores cuando, cada vez más, en medios y redes se difunden privilegios, abusos e inclusive francos latrocinios de militares destacados. Al volverse contratistas, administradores y constructores, entre otras cosas, los mandos de las Fuerzas Armadas han estado expuestos a prerrogativas, negocios y cohechos que no todos han querido eludir.
En abril de 2023, Mexicanos contra la Corrupción dio a conocer información de los viajes al extranjero del entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, acompañado de su familia y una decena de ayudantes. En varias ocasiones, por otra parte, Latinus ha publicado las conversaciones en donde Amílcar Olán, el operador de negocios muy cercano a los hijos de López Obrador, cuenta cómo sobornó a militares involucrados en la construcción del Tren Maya.
Para justificar la militarización, AMLO, y más tarde Sheinbaum, han dicho que las Fuerzas Armadas están integradas por “pueblo uniformado”. Tal expresión, como los autores señalan, además de reivindicar el carácter popular que se le atribuye al Ejército manifiesta la subordinación del pueblo, al caudillo populista: es “el pueblo que obedece la instrucción del comandante sin perder el tiempo examinando la legalidad, la razón o la consecuencia de la orden”.
Hay, de acuerdo con Érase un país verde olivo, una contradicción esencial entre la idea de “pueblo uniformado” que, aplicada al Ejército, se refiere a una corporación cuyo deber primero es obedecer, con el significado de “pueblo” que es, por definición, una colectividad activa y que participa. “La palabra pueblo se opone a la de súbdito, referida, en cambio, a aquellos individuos que están sujetos a la autoridad de un superior con la obligación de obedecerlo”.
En la figura del “pueblo uniformado”, el pueblo es un pretexto con el que se busca legitimar al caudillo populista. ¿Por qué López Obrador, que antes de ser presidente decía lo contrario, terminó encumbrando al Ejército en tareas no sólo de seguridad, desdeñando a los cuerpos policiacos, sino en muchas otras actividades? Quizá se debe a que, aun cuando retóricamente se ampara en él, en realidad no confió en el pueblo. Ese pueblo, que no es otra cosa que la sociedad que es intrínsecamente diversa, le causaba alergia. Como recelaba de la sociedad, se apoyó en las Fuerzas Armadas en las que encontró disciplinada obediencia.
López Obrador actuó como muchos otros gobernantes autoritarios que buscan en los militares la incondicionalidad que les regatean los ciudadanos. Ojalá que los autores de este libro se equivocaran, pero todo indica que tienen razón cuando dicen que el hoy expresidente ha llegado a “convertir a las Fuerzas Armadas en el principal aliado y ejecutor de su proyecto de gobierno”.
Este libro documenta y demuestra la irregular pero creciente presencia pública de los militares aunque, en su título, matiza el crudo diagnóstico al que llegan sus autores. Érase un país verde olivo. ¿Érase? Es.
Raúl Trejo Delarbre
Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus libros más recientes son: Posverdad, populismo, pandemia y Adiós a los medios.