En septiembre de 2020 el Instituto Nacional Electoral negó el registro legal para el partido México Libre (ML). El motivo principal fue la insuficiente información que ese partido entregó acerca de aportaciones por más de un millón de pesos, realizadas con una aplicación para pagos con tarjeta de crédito que no registra todos los datos que requiere la autoridad electoral. Dispuesto así por el INE, ratificado poco después por el Tribunal Federal Electoral y convertido en tema juzgado hace casi un lustro, el expresidente Felipe Calderón, que fue el impulsor más destacado de México Libre, se empeña en impugnar la negativa al registro de su partido.
El expresidente Calderón respondió la semana pasada al recuento que hice, publicado aquí el 3 de diciembre, acerca de los errores que cometió México Libre y que lo condujeron a no obtener el registro legal. Su texto confirma que ML se quedó sin registro por la obstinación de sus dirigentes que no quisieron cumplir todos los requisitos legales.
Tal y como expliqué en mi artículo de diciembre, la principal infracción de ML fue el empleo, para recibir contribuciones financieras, de una plataforma de pagos con tarjeta de crédito llamada Clip. La ley, así como el Instituto Nacional Electoral, requieren que todas las aportaciones a un partido político sean registradas de tal manera que cada donante sea plenamente identificable. La plataforma Clip registra sólo cuatro dígitos, pero no el número completo de la tarjeta utilizada para hacer un pago. Las autoridades del INE consideraron que esa información era insuficiente y se lo indicaron por escrito, al menos en cuatro ocasiones, a los representantes del partido. Calderón recuerda que, en mi texto, dije que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE (UTF) le comunicó al partido que debía resolver tal anomalía y admite: “Es cierto que funcionarios de esa unidad técnica hicieron esos señalamientos”. Pero aunque una y otra y varias veces más les dijeron que la información registrada con esa aplicación era insuficiente, los dirigentes de ML se obstinaron en seguir utilizando la plataforma Clip. Cuando el INE les pedía información completa sobre las personas que hacían donativos y el instrumento financiero que empleaban, los representantes de ML contestaban la misma cantinela: que no entregaban todos los datos para no divulgar información sensible de los aportantes.
Calderón dice que los pagos con tarjeta son más adecuados que otro tipo de procedimientos, pero admite que la información de Clip no contenía el número completo de la tarjeta utilizada. La autoridad electoral no lo consideraba así y, aunque se los dijeron en repetidas ocasiones, los dirigentes de ML seguían utilizando ese mecanismo. El expresidente quiere ser irónico cuando señala que agradece mi texto porque “lo que hace es admitir que México Libre cumplió con los requisitos esenciales, los más difíciles” (subrayado mío). El requisito más difícil es la realización de asambleas en todo el país, cada una al menos con 300 afiliados. El punto de partida de mi texto anterior es precisamente ese: una organización respaldada por centenares de miles de personas y que cumple con casi todas las exigencias de una ley electoral diseñada para dificultar la creación de nuevos partidos, se queda a la mitad del camino por una mala decisión de sus dirigentes. Escribí que esos dirigentes padecieron una altanera terquedad. A Calderón le disgusta esa caracterización y se ofende (“no le corresponderé en los mismos términos”) pero es difícil denominar de manera distinta a esa contumacia de los promotores de ML para desafiar a la ley y a la autoridad electoral de las cuales dependía su registro.
Para que un partido sea registrado debe cumplir con todos los requisitos, no solamente “los más difíciles” o los que sus dirigentes consideran “esenciales”. Calderón subraya: “No puedo aceptar que diga que un servidor ‘falta a la verdad cuando dice que aquel partido cumplió todos los requisitos legales’”. Y allí está su problema. El expresidente no es capaz de admitir que él, o quienes hayan tomado esas decisiones en ML, se equivocaron al utilizar un sistema de pagos que la autoridad electoral les había señalado que no era adecuado. No es capaz, cinco años después, de reconocer autocríticamente que él, y quienes le acompañaron, pudieron haber evitado ese fracaso.
A Calderón le incomodó mi frase sobre su incumplimiento de las reglas, pero soslaya las líneas que hay a continuación: “y distorsiona los hechos cuando deja de mencionar que la decisión del INE fue tomada por siete consejeros electorales y, luego, ratificada por el Tribunal Federal Electoral”. En el intento para culpar a otros de los errores que cometieron él y sus correligionarios Calderón escribió un largo texto, de más de 5000 palabras. En todo ese espacio no menciona un hecho esencial: la decisión del INE fue avalada por el Tribunal Federal en esa materia.
Los dirigentes de México Libre sabían que el sistema de pagos Clip no entregaba la información requerida por el INE, y por la ley, acerca de la persona que hace una aportación. La terminal utilizada “genera un recibo en el que aparecen los últimos cuatro dígitos de la tarjeta y el resto se cubre por razones de seguridad”, admite Calderón. En reiteradas ocasiones, el expresidente señala que el INE estaba obligado a recabar, o a verificar con el sistema financiero, la información que le hacía falta. Allí radica su equivocación central, resultado de la ignorancia, o de la autocomplacencia.
Según Calderón, el INE tiene “no sólo la facultad, sino la obligación, de agotar los instrumentos legales a su alcance para preservar el derecho a la participación en la vida pública, de acuerdo con el artículo 200 numeral 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 57 de la Ley General de Partidos Políticos y el 56 del Reglamento de Fiscalización, entre otros concordes con el artículo 1.º constitucional”. El expresidente hace trampa cuando dice que esas disposiciones obligan a la autoridad electoral a recabar la información que no proporcionan los partidos.
El artículo 200 de la Ley Electoral establece la obligación de las autoridades e instituciones públicas y privadas, así como de los particulares, para responder a solicitudes de información de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Pero ese artículo no dice que el INE tiene el deber de buscar información que los solicitantes de registro no le han entregado. El 57 de la Ley de Partidos indica que los partidos pueden tener cuentas o fondos de inversión de los cuales deben informar a la autoridad electoral. Nada más. Calderón no leyó, o ha querido soslayar, el artículo anterior, el 56 de la misma ley, que se refiere a las modalidades de financiamiento no público que pueden tener los partidos. Allí se indica que el partido debe entregar recibos foliados y que toda aportación debe realizarse en depósitos a cuenta bancaria del propio partido. Por otra parte el artículo 56 que sí cita, pero del Reglamento de Fiscalización del INE, establece que la Unidad Técnica de Fiscalización puede solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tampoco se dice allí que esa facultad deba ser empleada para resolver insuficiencias en la documentación que entreguen los partidos. Así que el argumento jurídico del licenciado Calderón, cuando asegura que la autoridad electoral tenía la obligación de indagar si las aportaciones realizadas con la aplicación Clip correspondían a las personas que México Libre aseguraba, se desbarata por su errónea lectura de esas disposiciones legales.
Algo que sí dice el Reglamento de Fiscalización, en su artículo 104, es que: “Las aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa UMA [7820 pesos en 2020, como indiqué en mi texto de diciembre] invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación”. Y el artículo 96: “Las aportaciones en efectivo por montos superiores al equivalente a noventa días de salario mínimo, realizado por una sola persona, invariablemente deberá ser a través de cheque o transferencia electrónica…”. Calderón sostiene que el uso de tarjeta de crédito, especialmente con la aplicación que utilizó ML, es mejor. Sin embargo la ley establece otra cosa.
Aunque acepta que el pago con Clip no permite conocer los datos de quienes aportaron recursos a su partido, en otro sitio de su texto Calderón señala que el INE sí identificó a esas personas. Tanto así, subraya, que la revista Proceso publicó sus nombres y los montos que donaron. El expresidente se vuelve a confundir. La información que difundió esa revista, el 15 de septiembre de 2020, fue la de empresarios y políticos que hicieron aportaciones a ML. Las más cuantiosas fueron del propio Calderón que según esa nota gastó 1 650 000 pesos, una empresaria de Nuevo León, 400 000 pesos; la hoy diputada Margarita Zavala, 245 000; un empresario restaurantero, 1 111 000, entre otros. Esas aportaciones tendrían que haber sido realizadas con cheque o transferencia bancaria (y, si no, eran de inicio ilegales) así que la información de Proceso no se refiere a pagos realizados con la aplicación Clip, como erróneamente dice Calderón.
El 19 de agosto de 2020, México Libre envió a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE un documento en donde admitía sobre las aportaciones con Clip: “En el oficio de errores y omisiones respecto de la revisión del Informe correspondiente al mes de agosto de 2019, la UTF hace de nuestro conocimiento, por primera vez, que era necesario presentar documentación comprobatoria en términos del artículo 93 del Reglamento de Fiscalización, como si se tratara de una aportación vía transferencia electrónica o cheque”. Durante todo un año los dirigentes de ML supieron que el pago con esa aplicación no permitía obtener todos los datos requeridos por la autoridad electoral. Día tras día, durante todo ese año, insistieron en seguir utilizando un sistema de pagos que sabían irregular.
Cada mes, durante el año en que celebraron asambleas, las agrupaciones que buscaban ser reconocidas como partidos tenían que presentar un informe financiero. La UTF lo revisaba y les señalaba omisiones que debían aclarar. Para esos informes y aclaraciones había un calendario previamente conocido por todos los interesados. El último día para responder a señalamientos de la UTF a los informes financieros de esa etapa era el 30 de junio de 2020. Sin embargo, el 19 de agosto, en un documento entregado casi dos meses después de esa fecha, México Libre reiteró a la Unidad de Fiscalización su defensa del uso de la aplicación Clip. Como tenía que ajustarse a los plazos legales, la UTF no podía tomar en cuenta esos argumentos pero, en el informe que entregó al Consejo General del INE, comunicó el punto de vista del partido en formación.
El expresidente Calderón dice que ML entregó “copia de la tarjeta de crédito” (no indica si de todas las tarjetas con las que recibieron pagos) el 1 de septiembre de 2020. Esos documentos también fueron entregados después de los plazos legales. Antes de que vencieran tales plazos, México Libre pudo haber devuelto las aportaciones recibidas con Clip para dejar de tener en su contabilidad esas donaciones irregulares. De hecho, el monto de algunas de esas aportaciones fue devuelto a quienes las hicieron de acuerdo con los informes de la UTF sobre las respuestas de ML a sus señalamientos. Al final, las aportaciones con Clip, que el INE no reconoció como válidas, sumaron un 1 061 000 pesos. En total, el partido recaudó 15.2 millones de pesos.
Más tarde el Tribunal Federal Electoral, en su sentencia sobre las sanciones a México Libre, consideró que los documentos entregados por ese partido “resultan insuficientes para demostrar el vínculo entre el presunto aportante y las operaciones que pretendieron acreditar”. Ante el reclamo de los representantes de ML, que consideraron injusta la posición del Consejo del INE sobre las aportaciones con Clip y la decisión para no darles el registro, el Tribunal dictaminó: “No le asiste razón a la recurrente cuando solicita que debe estimarse que está plenamente identificado el origen de los recursos con comprobantes expedidos por la empresa CLIP, copias de las credenciales de los aportantes, los recibos de aportación y las cartas en las que éstos manifestaron ser titulares de las tarjetas bancarias, al carecer de los datos que doten de mayor certeza el conocimiento sobre la procedencia de los recursos… los comprobantes emitidos mediante esa aplicación incumplen con la totalidad de las exigencias por las normas de fiscalización en materia electoral”.
El Tribunal respondió así al argumento de ML sobre el presunto deber del INE para suplir con una indagación propia los descuidos del partido: “La obligación de la asociación fiscalizada de reportar y comprobar de forma clara, oportuna y detallada cada uno de los ingresos y gastos realizados, no puede incumplirse bajo afirmaciones de que la autoridad tiene los elementos para allegarse de la información que necesita, a través de sus facultades de investigación y comprobación, ya que las actuaciones que realice la autoridad, no tienen por objeto sustituir a los sujetos obligados en la carga de comprobar sus operaciones, ni de liberarlos de las sanciones por las irregularidades y omisiones en que incurran”.
El INE, por otra parte, a través de la Unidad de Fiscalización, sí solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria sobre cuentas de las organizaciones que querían registro como partido. Entre 2019 y 2020 hubo 15 solicitudes de información, todas respondidas, sobre los estados de cuenta de México Libre.
Calderón intenta apoyarse en un folleto del INE, reproducido con su texto, sobre los motivos por los que ML y otras organizaciones no obtuvieron su registro. Subraya en ese documento que las asambleas que se realicen para construir un partido serán inválidas si más del 20 % de los recursos invertidos en ellas son otorgados por personas no identificadas. Como se ha explicado, varios de los consejeros del INE que rechazaron el registro de ML tomaron como criterio la disposición constitucional que anula una elección si los gastos de campaña superan el 5 % del límite legal. En el folleto se explica que ese criterio: “Se propuso tomando como referencia el artículo constitucional que señala que una elección puede anularse si se supera el 5 % del tope de gasto de campaña”. Ese fue el caso de México Libre, con ingresos irregulares que ascendieron al 8.2 % de sus finanzas. El folleto recuerda: “Esta situación se derivó porque la organización utilizó la plataforma CLIP, terminal que acepta pagos con tarjeta de crédito o débito, para recibir donaciones. Este mecanismo no permite identificar los datos de los aportantes porque en sus recibos de pago sólo refleja los cuatro últimos dígitos de las tarjetas. Esto se le hizo saber a la organización en agosto, septiembre y octubre de 2019”. El mismo documento que él esgrime, refuta los argumentos del Lic. Calderón.
Calderón lee lo que quiere, toma frases aisladas y las emplea fuera de contexto. Por ejemplo, señala que en adhesión a su partido “se registraron más de 350 000, y no sólo ‘algunos parientes y simpatizantes’ como Trejo dice de forma despectiva”. Lo que yo escribí es que él, “así como algunos de sus familiares y simpatizantes, se empeñan en negar que hace cuatro años al partido que promovían, México Libre, la autoridad electoral le negó el registro por irregularidades en la información acerca de sus finanzas”. A mi texto sobre el descuido de los dirigentes de ML en las gestiones para obtener el registro respondieron en Twitter, entre otros, un hijo de Calderón y, en comedido mensaje privado, la diputada Margarita Zavala.
Siempre he considerado que la legislación electoral debiera alentar, y no dificultar, el registro de nuevos partidos. Sería deseable que todas las fuerzas políticas que así lo quisieran pudiesen competir en las elecciones y que fueran los ciudadanos, en las urnas, quienes ratificaran si mantienen o no sus registros. Pero la ley no se ajusta a nuestros deseos y, cuando queremos seguir un procedimiento jurídico, tenemos que supeditarnos a las reglas allí establecidas. Eso es lo que Felipe Calderón no ha podido, ni ha querido aceptar.
En su extensa réplica, el expresidente insiste en culpar del rechazo al registro de su partido a los entonces consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. No señala que esa decisión fue votada por siete de los once consejeros electorales y, más tarde, avalada por mayoría en el Tribunal Federal. Para efectos del relato victimista que ha construido, a Calderón le resulta más eficaz responsabilizar de esa decisión a dos personas y no a dos cuerpos colegiados. Es más cómodo presentar la derrota de México Libre como consecuencia de inquinas nebulosas y de una pretendida conspiración, en vez de admitir que los dirigentes del partido, simple y tristemente se equivocaron. En la rocambolesca narración que construye a Calderón, igual que en las malas novelas policiacas, le falta un ingrediente esencial: el móvil. ¿Por qué los consejeros electorales, que valiente y notoriamente se empeñaron en defender a la democracia y sus reglas, querrían estar en contra del registro de un partido formado por ciudadanos? Esos consejeros rechazaron candidaturas irregulares de todos los partidos cuando no cumplían con la ley, y resistieron amenazas y descalificaciones del autoritarismo obradorista. Lo que hicieron en el caso de México Libre fue aplicar las reglas que los líderes de ese partido no cumplieron cabalmente.
En mi texto de diciembre escribí, y repito ahora, que el expresidente Calderón ha sido injustamente perseguido por el poder político desde hace años. En este caso no es víctima de otros, sino de su propio engreimiento. Al negar errores de los que él fue corresponsable, Felipe Calderón se encierra en una versión autocomplaciente y engaña a sus seguidores: les oculta la verdad, en vez de asumir equivocaciones suyas y de los dirigentes de México Libre. Era tan fácil haber cumplido con las observaciones del INE, utilizar un método de pago distinto y cancelar de su contabilidad los ingresos recibidos con una aplicación irregular. Pero no: Calderón y los suyos quisieron imponer sus reglas, como si el registro de un partido pudiera resolverse con la arbitrariedad de quien pretende que las cosas ocurran haiga sido, como haiga sido.
Raúl Trejo Delarbre
Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus libros más recientes son: Posverdad, populismo, pandemia y Adiós a los medios.