En los viejos tiempos las concesiones de radio y televisión eran secretas. El gobierno las entregaba a los empresarios de su preferencia, nadie sabía qué condiciones establecían los Títulos de Concesión, ni siquiera se conocía cuántas estaciones de radio AM y FM, o de televisión, había en el país. Las únicas cifras que se conocían eran aproximadas. Esas concesiones eran adjudicadas con absoluta discrecionalidad. El gobierno actuaba como dueño del espectro radioeléctrico y, además, como cancerbero de la información al respecto.
Desde los años ochenta (sí, del siglo pasado) varios interesados en los medios queríamos conocer datos exactos de los títulos de concesión: a qué empresas o personas habían sido entregados, con qué potencia estaba autorizada a transmitir cada emisora y, muy especialmente, qué vigencia tenían. El vencimiento de las concesiones de Televisa, por ejemplo, era del mayor interés público porque los incumplimientos legales de esa empresa (se excedía en el espacio destinado a publicidad, no respetaba horarios en programas para niños, etc.) ameritaban que no se le renovara el uso de las frecuencias que ocupaba y que son propiedad de la nación.
Los títulos de concesión debían publicarse en el Diario Oficial pero eso no siempre ocurría, o los ejemplares, cuando debían contener esa información, eran inencontrables. En numerosas ocasiones, los interesados en tales datos los solicitamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, responsable de asignar y administrar las concesiones. Jamás nos hicieron caso.
Hubo legisladores que también pidieron esa información por cauces oficiales porque querían que el Congreso de la Unión tuviera un canal de televisión en la banda de UHF. Funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones les dijeron que no había espacio para nuevos canales, lo cual era mentira. El Canal del Congreso pudo transmitir en televisión abierta hasta 2015.
El 6 de mayo de 1998, en una reunión en la Cámara de Diputados a la que asistían investigadores de la comunicación en varios países, solicité que la SCT diera a conocer los títulos de concesión. Tal petición fue reproducida en una decena de periódicos. Pocos días más tarde me llamó un funcionario de esa Secretaría para asegurarme que la información ya estaba publicada. Como le aseguré que no, ya que varios colegas y yo mismo la habíamos buscado, se comprometió a enviármela. Nunca lo hizo.
Exactamente un año después, en la columna diaria que escribía en La Crónica, publiqué una carta abierta al titular de la SCT en la que requería, de nuevo, esa información. “El Secretario de Comunicaciones y Transportes no tiene derecho a mantener en secreto los datos más fundamentales sobre la situación de los medios electrónicos en México. Ninguna disposición indica que esos pormenores deban ser clandestinos”, reiteré entonces. Al dirigirme al Secretario, escribí: “La única explicación para que esa información no sea pública, sería la existencia de decisiones irregulares, o vergonzantes, por parte del gobierno federal, en beneficio de alguna o algunas de las empresas privadas de televisión”.
Tiempo después, como seguí insistiendo en el tema recibí otra llamada, ahora de un subsecretario de Comunicaciones. Me dijo que la información de las concesiones era un asunto delicado. Imagínate que se sabe que un empresario tiene varias estaciones de radio o de televisión, lo podrían secuestrar —me dijo, palabras más o menos—. Por primera vez, aunque en una conversación privada, escuché que un funcionario federal aceptaba que los datos acerca de las concesiones eran ocultados de manera intencional. No había argumento que justificara el secreto de esa información. Las concesiones de radiodifusión asignan bienes públicos y su aprovechamiento implica compromisos sociales que tienen que establecerse en los Títulos respectivos. Sin embargo, los concesionarios más poderosos se oponían a que esa información fuera pública y el gobierno los complacía.
En 2002 el Congreso aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que creó al Ifai. Habría un canal institucional, con reglas claras, para que los ciudadanos conocieran información del Estado. Esa decisión se debió a que el gobierno de Vicente Fox, aunque con tironeos, aceptó reconocer el derecho a la transparencia y a las gestiones del Grupo Oaxaca, integrado por académicos y periodistas interesados en el derecho a la información.
El 12 de junio de 2003, un año después de publicada la Ley, nació el Ifai. Al día siguiente, invitado a su inauguración, estuve en el centro de consulta que abrió el nuevo Instituto y me apresuré a presentar, en una de las computadoras disponibles, mi antigua solicitud. En menos de dos días la SCT me respondió que, junto con la mía, había catorce solicitudes que requerían la misma información sobre concesiones de radio y televisión y que esos datos ya estaban disponibles en su sitio web. No era cierto. En ese sitio había una lista de estaciones de radio y televisión pero sin datos como el inicio y el término de cada concesión. Presenté un recurso de revisión ante el IFAI y, en el transcurso de las siguientes semanas, la información sobre títulos de concesión fue publicada, ahora sí, en el portal de la SCT. Por fin sabíamos con detalle quiénes manejaban tales concesiones y en qué términos. Esa información, escribí el 28 de julio de 2003, nunca debió haber sido confidencial.
Casi exactamente diez años más tarde, el 11 de junio de 2013, fue promulgada la reforma constitucional que creó al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los partidos políticos y el gobierno pudieron ponerse de acuerdo para establecer un organismo constitucionalmente autónomo que, entre otras muchas funciones, asignaría las concesiones de radiodifusión y para servicios como los de telefonía. El gobierno federal dejaría de contar con ese instrumento que le permitía amagar, o premiar, a las estaciones de televisión y radio.
Las facultades constitucionales del IFT significaron un vuelco en el funcionamiento de los medios. El Instituto quedó a cargo de regular y propiciar la competencia en esos campos, hubo concesiones públicas y sociales (que incluyeron estaciones comunitarias e indígenas) además de las comerciales cuya asignación tendría que ser por licitación, habría límites a la concentración de frecuencias, se reconocieron derechos de audiencias y usuarios. El IFT ejercería su presupuesto, crearía sus reglas internas de manera autónoma y estaría encabezado por siete comisionados que tendrían que acreditar conocimientos técnicos en materia de telecomunicaciones.
El desempeño del IFT ha sido discutible, a veces favorece más a unas empresas que a otras, o no ha tenido el empeño que algunos hubiéramos deseado para acotar a la televisora hegemónica, o para defender a las audiencias. Pero sin duda su gestión ha sido sustancialmente preferible a la opacidad, las conveniencias políticas y la discrecionalidad que tenía la administración de las telecomunicaciones y la radiodifusión a cargo del Poder Ejecutivo, a través de la SCT.
El IFT, por mandato constitucional, creó y mantiene un Registro Público de Concesiones en donde es posible encontrar los títulos de concesión de todas las empresas, instituciones y personas autorizadas para transmitir en algún segmento del espectro radioeléctrico. Para quienes llevábamos más de tres décadas insistiendo en la apertura de esa información, poder encontrarla en línea, completa y con acceso a los documentos respectivos, significó el cumplimiento de un derecho de la sociedad y una evidencia de que las concesiones ya no eran manejadas por el gobierno.
La creación del IFT fue un triunfo de la política y la capacidad de acuerdos entre partidos y gobierno, pero especialmente del PRD que impulsó la idea de que radiodifusión y telecomunicaciones tendrían que estar a cargo de un organismo autónomo respecto del gobierno y de cualquier otra institución del Estado. En 2014, por otra parte, el Ifai se transformó en Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, Inai, con autonomía constitucional.
La desaparición del IFT, el Inai y otros organismos autónomos es un agravio terrible para la democracia y los ciudadanos. La decisión del grupo en el poder para aniquilarlos y transferir al gobierno las funciones que han desempeñado, no beneficia más que al presidencialismo autoritario. La aniquilación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otras consecuencias, restablece el control oficial de concesiones al antojo del gobierno y sus intereses. La extinción del Inai nos deja sin derecho a la transparencia en los asuntos públicos. Volvemos a los viejos tiempos de opacidad y arbitrariedad en el manejo gubernamental de la radiodifusión, pero ahora en un régimen que tiene una voracidad política y una propensión a la ilegalidad que no habíamos conocido antes.
Raúl Trejo Delarbre
Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus libros más recientes son: Posverdad, populismo, pandemia y Adiós a los medios.