El Informe sobre México del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada fue descalificado por la presidenta Sheinbaum y su gobierno. El alegato que presentan parece referirse a un país distinto del que tenemos dolorosas noticias todos los días. Para doña Brenda Valenzuela Gil, en cambio: “No es un informe más. Es un espejo de lo que estoy viviendo. La ONU dice que la crisis de desapariciones en México podría constituir un crimen de lesa humanidad. Y yo necesito decir lo que eso significa, no en términos legales, sino en términos de vida: significa que lo que le pasó a mi hijo no es un caso aislado. No es un error. No es una excepción. Significa que hay un patrón, que hay miles de familias viviendo este mismo infierno, y que el Estado tiene responsabilidad… no sólo cuando participa, sino cuando no hace lo suficiente, cuando no busca, cuando no investiga, cuando nos deja solas”.
Esa realidad no se puede tapar con disquisiciones pretendidamente jurídicas. En México hay decenas de miles de personas desaparecidas. La inescrupulosidad en la información oficial impide saber cuántas. La presidenta y su gobierno intentan enmascarar la discusión sobre esa situación terrible, y eludir su responsabilidad, con dos subterfugios. Por una parte, regatean las cifras de desaparecidos que proporcionan organismos independientes de derechos humanos pero no transparentan los datos del Registro Nacional. Por otra, rechazan los señalamientos de organismos como el Comité de las Naciones Unidas, que el 2 de abril publicó el documento que tanto ha irritado al gobierno.
El Comité contra la Desaparición Forzada decidió llevar a la Asamblea General de la ONU el caso de México, en donde encuentra “indicios bien fundados” de desapariciones de esa índole. Cuidadoso y sistemático, el informe es devastador. La desaparición forzada es la detención, el secuestro o cualquier forma de privación de la libertad de personas cuyo paradero se desconoce, o ha sido ocultado, y que fue realizada por agentes del Estado, o por grupos o personas que actúan con autorización, apoyo o aquiescencia de ellos.
El gobierno mexicano alega que las desapariciones registradas han sido cometidas por grupos criminales y eso es cierto en muchas ocasiones, pero abundan —y han sido puntualmente documentados— casos de desapariciones con la intervención activa, o la negligencia cómplice, de policías, elementos de las Fuerzas Armadas o funcionarios públicos de distintos niveles.
“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”: al describirla en esos términos, el Comité no hace más que apuntar una situación que los mexicanos conocemos ampliamente. Por supuesto, no todas las desapariciones que ocurren en México son atribuibles al poder público, de la misma manera que no se puede decir que haya una política de desapariciones impulsada por el gobierno federal (“no hay indicios fundados de que exista a nivel federal, una política para la comisión de tales actos”).
Pero sí, y esto es lo más relevante: “existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad, mediante varios ‘ataques’ generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos, dirigidos contra la población civil, de conformidad con políticas estatales u organizacionales de cometer tales ataques o de promover esa política, es decir, políticas concebidas y/o aplicadas por autoridades públicas en los ámbitos federal, estatal o municipal, o por ‘organizaciones’ que actúan de forma autónoma o con la complicidad y, como mínimo, la aquiescencia de autoridades públicas en los ámbitos municipal, estatal y federal”.
Varias de esas frases, idénticas algunas de ellas, formaron parte de las conclusiones que en años anteriores presentó el mismo Comité acerca de la desaparición forzada en México. En 2012, 2015 y 2018, muchos de quienes hoy las rechazan aplaudieron tales resoluciones. Ahora que están en el poder, o cerca de él, niegan la expansión de la inseguridad que agobia en todo el país, con la cauda de secuestros y otras formas de privación de la libertad que han sufrido miles de mexicanos.
A los familiares de personas desaparecidas no les interesan los tiquismiquis que plantean la presidenta Sheinbaum y sus allegados para desestimar las observaciones del Comité. Esos mexicanos, simple y tristísimamente, no encuentran a sus hijos, cónyuges o padres y saben que el Estado mexicano no ha cumplido con el deber de localizarlos. En no pocos casos, tienen evidencias de que en esas desapariciones hubo connivencia de servidores públicos.
Prácticamente todos esos familiares han constatado la indolencia e ineficiencia de autoridades que debieran indagar tales desapariciones. Algunos de ellos se han organizado y reemplazan, con una tenacidad conmovedora, la inacción de las autoridades. Cuando reclaman la atención del gobierno los desairan, como ha hecho la presidenta Sheinbaum con varios colectivos de familiares de personas desaparecidas. No es de extrañar que se identifiquen con el informe del comité de Naciones Unidas que pone en papel y tinta realidades que ellos conocen mejor que nadie.
Doña Brenda Valenzuela no ha dejado de buscar a su hijo Carlos Emilio Galván que, el 5 de octubre pasado, desapareció en un restaurante, en Mazatlán. El muchacho, originario de Durango, celebraba con varios familiares suyos su cumpleaños 21, fue al baño y no regresó. Luego se supo que uno de los propietarios de ese establecimiento era secretario de Economía en Sinaloa.
Medio año después de la ausencia de su hijo, la señora Valenzuela se refiere así al Informe del Comité de la ONU:
“Yo soy una de esas madres.
Cuando dicen que hay más de cien mil personas desaparecidas, están hablando también de mi hijo, de Carlos Emilio… pero para mí él no es una cifra.
Es mi hijo.
Es mi vida detenida.
Es una ausencia que duele todos los días, a cada hora.
También dicen que esta crisis podría ser llevada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Eso significa que lo que está pasando en México ha llegado a un nivel tan grave que el mundo tiene que intervenir, que ya no se puede ignorar.
Y yo me pregunto:
¿Cuánto más tenía que pasar para que esto se reconociera así?
Porque nosotras, las madres, lo hemos sabido desde el primer día.
Lo sabemos en la desesperación de no tener respuestas.
En la indiferencia institucional.
En la lentitud que se vuelve dolor.
En el abandono que se siente cuando una tiene que convertirse en buscadora, en investigadora, en todo… porque si una no lo hace, nadie lo hace.
Yo no debería estar aquí explicando esto.
Yo debería tener a mi hijo conmigo.
Pero no lo tengo.
Y por eso hoy también digo esto con claridad:
El caso de Carlos Emilio no es un caso aislado.
Su ausencia forma parte de una crisis que hoy el mundo reconoce como grave, como sistemática, como inaceptable.
Y mi exigencia no es exagerada.
Mi exigencia está respaldada.
Mi exigencia es legítima.
Yo no quiero más discursos.
No quiero más cifras que intenten explicar lo inexplicable.
Quiero saber dónde está mi hijo.
Quiero que lo busquen de verdad.
Quiero justicia”.
Qué tristeza. Qué indignación.
Raúl Trejo Delarbre
Investigador Emérito en el Sistema de Investigadoras e Investigadores. Sus libros más recientes son: Posverdad, populismo, pandemia e Inteligencia Artificial, conversaciones con ChatGPT.