Quienes aplauden sin reservas a López Obrador no actúan como ciudadanos, sino como fieles. Solamente desde una profunda alienación se pueden creer (y peor aún, celebrar) mentiras reiteradas y ostensibles como las que el presidente expresó en su último informe de gobierno. A la multitud en el Zócalo no le interesaron los datos, sino el dogma. ¿Cómo, sin rubor, se pueden decir tantas falsedades? ¿Quién puede celebrar que se diga que tenemos un sistema de salud “mejor que en Dinamarca”? López Obrador desvaría, o miente con un descaro que nunca había conocido la vida pública mexicana.
Los redactores de Animal Político documentaron quince de las mentiras y falsedades más notorias en el Informe presidencial del domingo. Esfuerzos como ese, para rescatar la verdad de entre la palabrería y los engaños, permiten afirmar que el presidente miente una y otra vez pero esa certeza se ha vuelto escasamente útil. Repleto de embustes y dislates, el discurso oficial se despliega ante la complacencia de amplios sectores de mexicanos.
Mientras el presidente se ufana de logros que no puede documentar con cifras reales, sus adláteres culminan la reversión más grave que ha experimentado la democracia mexicana. Con irreflexiva prisa, el oficialismo impulsa la contrarreforma judicial y la desaparición de organismos autónomos, entre otros golpes a la pluralidad en las instituciones constitucionales. Una comunicadora, nada menos que de Televisa, deplora que mientras el Congreso avanza en la reforma judicial, en las redes las primeras tendencias están dedicadas a “La Casa de los Famosos”.
La indiferencia de buena parte de los mexicanos ante la contrarreforma que supeditará la justicia al clientelismo y los intereses del bloque oficial, expresa la voluntad de muchos para desentenderse de los asuntos públicos por hastío, resignación o simple ignorancia. La insensibilidad social delante de tal regresión en la democracia mexicana no es completa gracias a los jueces y empleados judiciales, y a los estudiantes de Derecho, que salen a las calles para oponerse a ese disparate político y legal.
En diversos sitios del país, estudiantes de universidades públicas y privadas defienden, con empeño y argumentos, la integridad de la Constitución. Hay que celebrar y respaldar esa tenacidad, que se expresa a contracorriente de una realidad política profundamente desesperanzadora. Pero ante la soberbia de López Obrador, la sumisión de sus partidarios y la condescendencia de la presidenta electa, las posibilidades de esa protesta son débiles. El oficialismo asumirá los costos políticos de las contrarreformas constitucionales para cumplir con los caprichos autocráticos de López Obrador.
También parecen escasas las posibilidades de los amparos que han concedido algunos jueces para impedir la aprobación de esas reformas. Un amparo puede suspender las consecuencias de una acción de autoridad. Mientras el Congreso no apruebe las reformas —en este caso la reforma que desarticula al Poder Judicial— no hay acto de autoridad que se pueda frenar. Además esos amparos plantean un conflicto de poderes, entre el Judicial y el Legislativo, e invaden la atribución de diputados y senadores para, precisamente, legislar.
La vía legal contra los cambios constitucionales que pretende Morena consistía en impedir que se impusiera la sobrerrepresentación que le da, a la coalición que encabeza ese partido, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. El último recurso con ese propósito fue desdeñado por los cuatro obsequiosos magistrados del Tribunal Federal Electoral que, en contra de las interpretaciones legales más razonadas, respaldaron la sobrerrepresentación.
Ante esa debacle del orden jurídico las movilizaciones de los estudiantes de Derecho y otras carreras subrayan, al menos, que hay desacuerdo con las imposiciones autocráticas del oficialismo. La obstinación del presidente y sus voceros para descalificar a los estudiantes universitarios, tratándolos como párvulos al decir que los controlan sus profesores, reforzaron las convicciones de esos jóvenes. Con ese discurso de la manipulación López Obrador se parece demasiado a Gustavo Díaz Ordaz. Pero tampoco hay sorpresa en tal coincidencia.
Hay quienes tienen esperanza en la integridad de los senadores de oposición para que ninguno de ellos vote las contrarreformas de AMLO y Morena. Pero la inconsistencia de diputados de variados partidos, tanto en la cámara federal como en la Ciudad de México, reduce casi a nada esas ilusiones. Al mismo tiempo disparates como el de Ricardo Anaya, que se manifiesta a favor de la elección de jueces porque le gusta la figura de los jurados populares, dejan a un lado la confianza que se podría tener en personajes como él.
Anaya estuvo varios años fuera de México debido a la persecución política en su contra. El gobierno de Enrique Peña Nieto lo acusó sin pruebas, para beneficio de López Obrador y con la complicidad de destacados medios de comunicación. No hubo evidencias, pero la fama pública de Anaya quedó muy maltratada. Si, en los años recientes, sin pruebas pero con el desprestigio que le ocasionaron esas imputaciones, el caso de Anaya hubiera sido dictaminado por un jurado popular, seguramente lo habrían considerado culpable. Las emociones y la demagogia son pésimos ingredientes en la impartición de justicia y por eso es tan indeseable la elección popular de los jueces.
En todo el mundo, la contrarreforma judicial mexicana es un escándalo. A las preocupaciones de variadas instituciones financieras, se añaden enteradas notas en los diarios internacionales. No hay indicios de que esas inquietudes vayan a moderar la inflexibilidad de Morena y su dirigente. Ni siquiera en ese asunto, que tendrá consecuencias graves en su gobierno, Claudia Sheinbaum ha expresado reservas. En las transiciones de un sexenio a otro nunca habíamos visto, al menos en las últimas ocho décadas de la historia mexicana, a un presidente electo tan ostensiblemente subordinado al presidente saliente.
No parece haber límites, ni formales ni de ninguna otra índole, al afán para congraciarse con el caudillo. La tarde del domingo 1 de septiembre la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, convirtió en mitin político la ceremonia de entrega del sexto informe presidencial. No le importó el protocolo, ni el respeto a la pluralidad que pese a todo hay en el Congreso de la Unión. Ni siquiera la presencia de la nonagenaria Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados, le suscitó reparo alguno a la secretaria, que arengó a los legisladores morenistas para que gritaran el estribillo del honor con López Obrador.
La frágil doña Ifigenia pudo levantar con una sola mano la caja que supuestamente contenía el informe presidencial que, por lo visto, estaba vacía. Sin querer, la secretaria Alcalde ofreció una palmaria imagen del gobierno que está terminando. Más allá de la retórica plagada de mentiras, López Obrador no informa nada. Un auténtico informe tendría que señalar los fracasos y retrocesos que México ha padecido en casi todas las áreas. Informe vacío para un sexenio colmado de mentiras.
Raúl Trejo Delarbre
Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus libros más recientes son: Posverdad, populismo, pandemia y Adiós a los medios.
Muy buen artículo; síntesis de la vacuidad, perversión y desastre que ha sido el sexenio del Narciso del Palacio quien, en sus delirios, cree que, si no hubiera sido porque “le robaron la elección del 2006”, seguiría acaudillando -hasta la fecha-al pueblo bueno y sabio.