Por qué no votar en la elección judicial

1. Una elección confusa. Los ciudadanos que acudan a la elección judicial del 1 de junio tendrán delante suyo una colección de seis o más boletas de colores. En cada una hay dos listas, de mujeres y hombres, de entre las que hay que seleccionar varios candidatos. Es preciso indicar el tipo de juzgado (administrativo, civil, etc.) para el que se emite cada voto. La elección es tan enredada que el INE habilitó una página en línea para entrenar a los posibles votantes.
2. Embrollo en las boletas. Serán electos 881 cargos federales: nueve ministros de la Suprema Corte, cinco magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 17 magistrados del Tribunal Electoral, 464 magistrados para tribunales colegiados de circuito y 386 jueces de distrito. Los magistrados de circuito y jueces de distrito serán la mitad de los que integran esas instancias, la mitad restante será electa un año después. Por esos cargos, compiten más de 3,400 personas. Los candidatos en esta elección no necesariamente fueron seleccionados por sus méritos, ni su trayectoria. No hay la certeza de que tengan la capacidad necesaria para tomar decisiones como jueces. Además, habrá elecciones judiciales estatales en 19 estados.
3. Candidatos desconocidos. Los ciudadanos no conocen a las personas por las que se invita a votar. Los candidatos no tuvieron acceso a los tiempos de radio y televisión que administra el INE y sólo algunos de ellos han sido entrevistados en algunos noticieros. El único espacio disponible fueron las redes digitales en donde, para alcanzar breve notoriedad, hubo candidatos que mostraron rutinas supuestamente graciosas o llamativas. Aunque tienen prohibida la contratación de propaganda, incluso en redes digitales, se ha constatado el ilegal pago de espacios de algunos candidatos en redes como Facebook.
4. Reglas cambiantes e inciertas. En el transcurso del actual proceso electoral el INE ha modificado las reglas en más de cien ocasiones, según explica Edmundo Jacobo, “para subsanar las deficiencias de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión”. Esos cambios han sido resueltos “sin consulta ciudadana ni deliberación pública suficiente”.
5. Ignoradas elecciones locales. Además de la elección federal, el 1 de junio serán electos 1800 jueces locales en 19 estados. Cada una de esas elecciones tiene reglas distintas y es organizada por la institución electoral de cada entidad. Si los candidatos y procedimientos de la elección federal son casi desconocidos para los ciudadanos, menor aún es la visibilidad de esas elecciones locales. En estas líneas, salvo una mención a los candidatos en Durango, nos referimos sólo a la elección de jueces federales.
6. Unos votos pesarán más que otros. La elección de jueces no se realizará según los 300 distritos electorales que hay en el país. En su lugar, el INE creó 60 “distritos judiciales” que no corresponden a la geografía electoral que tenemos, ni a los 32 circuitos del Poder Judicial de la Federación. Como los llamados distritos judiciales no están diseñados según el número de habitantes en el país, algunos de ellos reúnen a 600 o 700 mil ciudadanos y otros, a más de 4 millones. En ocho distritos judiciales de la Ciudad de México, en cada uno de los cuales el padrón es mayor a 706 mil personas, se votará por 15 cargos. Se trata, en promedio, de más de 47 mil ciudadanos por cada cargo a elegir. En cambio, en el Estado de México hay distritos con padrones superiores a 4 millones de personas en donde serán elegidos 18 cargos. Allí habrá 244 mil ciudadanos por cada cargo a elegir (cálculos a partir de información compilada por Integralia).
7. Desigual geografía electoral. Habrá entidades que elegirán a muchos jueces federales y, otras, a pocos. La Ciudad de México tendrá votaciones para 64 jueces de distrito y 104 magistrados. En cambio, Chihuahua, sólo para 13 jueces y 12 magistrados. Esa distritación concentra en unos cuantos estados del país la mayor parte de los cargos a elegir. Excluyendo a ministros de la Corte y magistrados, serán electos 850 jueces. De ellos más de la mitad, 442, serán designados en ocho estados (en la Ciudad de México 168, Jalisco 55, Estado de México 54, Nuevo León 38, Veracruz 33, Tabasco 32, Coahuila 31, Baja California 31).
8. No serán representantes directos de sus votantes. En una elección representativa se vota por quienes, valga la redundancia, representan a los ciudadanos de cada demarcación o región. Por el presidente de la República votamos en todo el país, por los diputados federales en cada distrito, por un gobernador se vota en todo el estado, y así. En contra de esa regla de la democracia, habrá jueces federales que serán votados, de manera exclusiva, en algunos distritos electorales. Por ejemplo, por los jueces en materia de telecomunicaciones y en competencia económica sólo se votará en distritos de seis alcaldías de la Ciudad de México (Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Coyoacán y Tlalpan). Es como si al presidente de la República sólo lo eligieran los ciudadanos de Aguascalientes, Nayarit y Tamaulipas.
9. Candidaturas únicas, elección de trámite. En Durango, en la elección local, serán electos 49 cargos. Para esas posiciones, hay 49 candidatos. Los poderes locales se pusieron de acuerdo y evitaron cualquier posibilidad de competencia. Esa elección será simbólica porque tales candidatos ya tienen el cargo asegurado.
10. Selección desigual y arbitraria. Los aspirantes a candidatos fueron seleccionados por comités evaluadores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los criterios para integrar las listas de candidatos resultaron oscuros. El Comité del Poder Judicial renunció a fines de enero y, por decisión del Tribunal Electoral, a los candidatos de ese Poder los designó el Senado. Cada uno de esos tres procesos de selección tuvo criterios diferentes. El Senado reconoció que había candidatos vinculados con el crimen organizado. Algunos de ellos fueron excluidos por el INE.
11. Ciudadanos perplejos ante las boletas. Se ha estimado que, en algunos casos, los votantes recibirán hasta trece boletas. Será prácticamente imposible que estén informados acerca de esas candidaturas. En la Ciudad de México, cada ciudadano deberá votar por entre 33 y 35 cargos para los que hay más de 260 aspirantes. Algunas autoridades electorales han estimado que cada ciudadano tardará 14 minutos para llenar esas boletas. Sin embargo, un consejero electoral en Michoacán considera que cada persona podría demorar hasta 40 minutos en la casilla.
12. Carro completo. En las elecciones para ministro de la Corte cada ciudadano votará nueve veces, una por cada cargo sujeto a elección. Eso permitirá que Morena imponga una planilla de nueve integrantes, sin sitio para otras opciones. Una votación democrática, en donde se reconociera a todos los segmentos de la sociedad, hubiera permitido que cada ciudadano votase por un candidato de tal suerte que la Corte estuviera integrada por los nueve que recibieran más sufragios. Tampoco habrá esa posibilidad en la elección de los cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, las cinco salas regionales especializadas y la Sala Superior del Tribunal Electoral. En la elección judicial no se reconoce a las minorías. “Ese es el juego del autoritarismo: toma todo” ha explicado Ciro Murayama.
13. Pocas casillas. El 1 de junio habrá menos de la mitad de las casillas que se instalaron en la elección federal de 2024. Hace un año hubo algo más de 170 mil casillas y, ahora, serán menos de 84 mil. Eso implica que al menos la mitad de las personas que quieran votar tendrán que trasladarse a distancias más lejanas que en otras elecciones. En cambio, debido al número y diversidad de cargos judiciales que están en juego, habrá el doble de boletas electorales. En 2024 se imprimieron 312 millones de boletas y en 2025 serán 602 millones.
14. Revoltijo de boletas. En los procesos electorales que hasta ahora eran habituales, en cada casilla había una urna por cada elección (una para la presidencial, otra para gobernador, etcétera). El 1 de junio habrá una sola urna, a pesar de que cada ciudadano votará, en la mayor parte de los casos, con 6 boletas pero en algunos sitios serán muchas más. De nuevo Ciro Murayama, “se mezclarán, sin distinguir, todas las votaciones. Un revoltijo de boletas y votos”.
15. Los votos no serán contados en las casillas. Después de una experiencia de largas décadas en las que vivimos con fraudes y opacidad electorales, sabemos que el momento crítico de cada elección, en el que se requiere absoluta transparencia, es el cómputo en cada casilla después de que terminan las votaciones. Allí es en donde los ciudadanos, que nos representan, cuentan cada voto y anotan los resultados en actas de las que se hacen varias copias. Eso no ocurrirá el próximo 1 de junio. Al terminar la votación, los integrantes de la mesa de casilla se limitarán a meter todas las boletas en una bolsa que llevarán al comité distrital del INE. La noche de la votación no habrá actas afuera de las casillas anunciando los resultados.
16. Boletas sin usar. En toda elección, las boletas no utilizadas son cruzadas con dos rayas para impedir que se empleen de manera fraudulenta. En cambio, ahora las boletas sin usar serán integradas, tal y como estén, al paquete electoral. No hay garantía para que no se haga trampa con esas boletas. La ausencia de control sobre ellas fue confirmada el 15 de mayo por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en una declaración insólita: “puede ser que alguien diga, ‘está tan bonita esta boleta que me la llevo’. Esa es una opción. La otra es ‘me la voy a llevar para enseñarle a quienes no votaron que sí deben de votar’. Otra, por recuerdo, porque es un proceso que va a ser historia, se la van a llevar y la van a enmarcar”.
17. Candidatos sin representantes. En las elecciones que hemos tenido hasta ahora, las votaciones y el cómputo eran atestiguados por representantes de los partidos y candidatos. En la elección judicial la participación de los partidos no está permitida. Los candidatos, por su parte, no tendrán representantes. Esa fuente de vigilancia y certeza fue suprimida.
18. Sospechosos observadores. Aunque según la ley están excluidos de esta elección los partidos, en especial Morena, quieren estar presentes con militantes disfrazados de observadores electorales. Para la elección judicial se registró ante el INE una cantidad inusitada de aspirantes a observadores: más de 313 mil. En la elección federal de 2024 hubo 34 mil 400 solicitudes, de las cuales se acreditaron algo más de 25 mil. Como los observadores no pueden ser integrantes de partidos, hasta el 15 de mayo pasado el INE había identificado y rechazado a 21 mil miembros de Morena y 17 mil de otros partidos que, a pesar de esa regla, se inscribieron para vigilar la elección judicial.
19. Diez días de cómputo. Los votos serán contados en las oficinas de cada consejo distrital durante los primeros 10 días de junio. Será un proceso lento y difícil no sólo por la cantidad de boletas sino, además, por las complejas opciones que los ciudadanos tendrán para llenarlas. Se podrá anotar el número del candidato por el que se quiere votar, pero también será válido subrayar su nombre en la lista de aspirantes o escribirlo. Para cada tipo de cargos hay una cantidad fija de hombres y de mujeres que pueden ser electos. Si el ciudadano se equivoca y no coloca números o nombres según esa composición de género, la boleta se anulará. También será causa de anulación anotar más cargos de los que haya en disputa en cada distrito. Todo eso, apuntó Lorenzo Córdova, “es una consecuencia más de la sinrazón de habernos embarcado en la antidemocrática empresa de elegir a nuestros jueces”.
20. Elegir jueces, pésima idea. La experiencia en Bolivia, que hasta ahora es el único país en donde los jueces de mayor rango son electos por voto popular, ha sido desastrosa. Como los candidatos no son seleccionados por méritos profesionales sino políticos, cuando son electos por lo general quedan al servicio del gobierno y sin autonomía para que sus decisiones se ciñan a la justicia y no a la política. El investigador y periodista boliviano Rafael Archondo ha explicado que en las dos primeras elecciones judiciales realizadas en ese país, en 2011 y 2017 (hubo otra a fines de 2024) dos tercios de los ciudadanos bolivianos rechazaron esos procesos anulando sus votos o dejando las boletas en blanco.
21. Transformación autoritaria. La reforma judicial es parte de la transformación autoritaria del Estado mexicano. Esa reforma, y la elección del 1 de junio, no se deben a una necesidad del sistema democrático político, sino a la decisión del partido oficial para controlar al Poder Judicial y a una venganza personal de Andrés Manuel López Obrador. Encolerizado porque hubo jueces que concedieron suspensiones judiciales ante algunas de sus decisiones, el hoy expresidente impuso esa reforma. “Ese atrevimiento —¡contrariar al caudillo!— había que hacérselos pagar con la pena más extrema: la destitución automática, sin motivación válida alguna, sin oportunidad de defensa, de todos los juzgadores, no sólo los federales. La guillotina a todos los poderes judiciales del país, una medida que sólo ha ocurrido en las dictaduras”, ha escrito Luis de la Barreda Solórzano.
22. No votar, para defender el voto. En otras elecciones la abstención ha sido una forma de protesta contra las opciones políticas que compiten. Ahora, en una elección repleta de irregularidades, sin seguridades, transparencia ni legalidad, como dice Juan Jesús Garza Onofre: “no votar puede ser una forma activa de preservar el valor de lo que significa el voto y la defensa de este que tanto nos ha costado como país”. Ante la ausencia de reglas para una competencia equitativa y las implicaciones mismas de la designación de jueces por voto popular, Lorenzo Córdova califica a esta elección como “la gran farsa”.
23. Esto no es votar. En vista de que en esta elección no hay garantías de independencia y como la elección de jueces en urnas es parte de un modelo “perverso” (“un juez electo por voto popular no responde a la ley, sino a quien lo puso ahí”) hay quienes, como Ivabelle Arroyo, consideran que lo mejor es no votar. Para Jesús Silva-Herzog Márquez, la opacidad de este proceso hace desaconsejable ir a las urnas: “no encuentro razones atendibles para votar en junio porque votar a ciegas no es votar”.

Raúl Trejo Delarbre

Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus libros más recientes son: Posverdad, populismo, pandemia y Adiós a los medios.