La simulación terminó. Las falsedades que han nutrido el discurso de rectitud y pretendida superioridad moral de la llamada 4T, se desmoronan a medida que se confirma la alianza de algunos de sus personajes relevantes con el narcotráfico. Ya se conocían, hace años, los tratos turbios de gobernantes como los de Sinaloa con el crimen organizado. Pero la acusación del tribunal en Nueva York contra Rubén Rocha Moya y otras nueve personas confirma complicidades delictivas, abusos de autoridad y posibles crímenes de esos funcionarios públicos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reaccionado con un discurso para la claque morenista y desconociendo las reglas de extradición entre México y Estados Unidos. Por supuesto, nadie debe ser tratado como culpable si no hay pruebas claras en su contra, aunque el actual gobierno ha desatendido ese principio jurídico elemental, e incluso lo anuló con la prisión preventiva oficiosa. Pero la detención provisional de un acusado cuya extradición pretende uno de los dos países, únicamente requiere de la solicitud y la orden judicial, de acuerdo con el artículo 11 del Tratado vigente.
Más allá de formalidades legales, con su empeño en defender a presuntos delincuentes la presidenta intensifica la gravedad política de las acusaciones y de los hechos que las originan. Apelar a la grandeza del país, hablar de injerencia extranjera y arroparse en el patriotismo del pueblo mexicano, como hizo Sheinbaum ante los señalamientos judiciales del Tribunal de Nueva York, ha sido una manera de rehuir su responsabilidad. El problema que enfrentan la presidenta y México no es la injerencia del gobierno o del sistema judicial estadounidenses, sino las complicidades delictivas en Sinaloa y otros sitios del país. Por supuesto el abusivo Trump aprovechará este asunto para debilitar aún más la posición mexicana en las negociaciones comerciales. Pero no tendría esa oportunidad si México no padeciera la colusión, ahora más patente, entre políticos y criminales.
Las 34 páginas de la acusación contra Rocha Moya, el presidente municipal de Culiacán, el senador Enrique Inzunza y otros siete ex funcionarios sinaloenses, entre ellos varios jefes policiacos, son un articulado recuento de complicidades para beneficiar la expansión y la impunidad del narcotráfico. El gobierno de Sinaloa permitió que los delincuentes emplearan armas de tipo militar y asesinaran a funcionarios públicos que no se dejaban sobornar y protegió negocios de los criminales. Allí se menciona, en ocasiones con detalle, el pago de “sobornos en efectivo a funcionarios públicos de todos los niveles del gobierno”. El documento judicial estima: “En Sinaloa, y en otras partes de México, esta misma corrupción impregna todos los niveles del gobierno local, estatal y federal” (subrayados nuestros).
Según esa indagación judicial, el trato entre Rocha Moya e integrantes del que sería su gobierno, con capos de la droga, comenzó antes de la elección de junio de 2021. Se dice allí que el entonces candidato de Morena al gobierno de Sinaloa se reunió con líderes del cártel, entre ellos dos hijos de “el Chapo” Guzmán, y les prometió respaldarlos si le ayudaban a ganar las votaciones. Los criminales intimidaron e incluso secuestraron a candidatos y dirigentes de la oposición, y robaron boletas y urnas mientras los policías estatales en Sinaloa se abstenían de intervenir.
Eso que dice ahora el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York con información presumiblemente proporcionada por testigos protegidos, se supo en México desde aquel proceso electoral. En agosto de 2021 dirigentes del PAN, el PRI y el PRD entregaron en la OEA y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, el documento El crimen organizado en el proceso electoral 2021. Elaborado, según se indica allí, con testimonios de militantes e información de 1200 notas de periódicos locales y nacionales, ese documento de 53 páginas contiene el inventario de numerosas agresiones contra candidatos y dirigentes políticos en aquella temporada electoral.
El documento de los partidos comienza con la situación en Sinaloa, pero también hay apartados sobre la violencia electoral en Estado de México, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y San Luis Potosí. Allí se detalla el secuestro de candidatos y activistas (tan sólo en Culiacán, más de cien miembros del equipo electoral del PRI), o casos conocidos en la prensa como el secuestro de la aspirante opositora a la alcaldía de Valle de Bravo, en el Edomex, que fue obligada a retirarse de la elección. El abrumador recuento menciona robos de urnas y retiro forzoso de los titulares de mesas de casillas, o coacciones como las que grupos de delincuentes ejercieron en la zona rural de Taxco, Guerrero, para que el día de la elección los votantes mostraran “la boleta marcada, antes de ingresarla en las urnas”.
En Sinaloa, de acuerdo con una nota periodística recogida en ese expediente, a los operadores del PRI llevados por la fuerza a casas de seguridad de los delincuentes, para que no participaran en la elección, sus captores les dijeron: “Si no gana Rocha [Moya] los vamos a matar a todos”. En ese estado, se concluye, aquel 6 de junio “votó el crimen organizado y ganó el miedo”.
El documento de los partidos incluye breves fichas de 32 funcionarios y candidatos municipales asesinados en esos y otros estados durante el proceso electoral, aunque se dice que en total hubo “102 homicidios dolosos y 48 homicidios en grado de tentativa cometidos contra políticos y aspirantes”. Esos hechos afectaron a candidatos y gobernantes locales de los tres partidos que presentaron la denuncia internacional, pero además a miembros de partidos como el PVEM y Movimiento Ciudadano.
Con ese expediente, además de su propia indagación, el periodista Héctor de Mauleón hizo para Nexos un extraordinario reporte, publicado en septiembre de 2022, con un título inequívoco: “6 de junio de 2021. La elección del narco”. Antes y después de aquella elección, apunta, “la violencia y la coerción criminal estuvieron presentes como nunca antes en unos comicios celebrados en México”.
Explica de Mauleón: “Candidatos y familiares de éstos fueron asesinados. Grupos armados secuestraron e inmovilizaron a equipos completos de campaña, se apoderaron de casillas electorales y obligaron a los ciudadanos a emitir su voto públicamente y por consigna”. Pero de eso se dijo muy poco, porque “miles de ciudadanos, víctimas de esa violencia, se vieron obligados a callar. Sus abogados les aconsejaron guardar silencio, abstenerse de ir a los juzgados. Las amenazas, los homicidios, los secuestros, la coacción violenta y la selección de las candidaturas por parte del crimen organizado estuvieron presentes durante todo el proceso, y en las horas llenas de zozobra que se vivieron en amplias regiones del país el día mismo de la jornada electoral. En todas esas regiones el crimen organizado apoyó, impuso, impulsó, reprobó y, llegado el caso, asesinó aspirantes y candidatos”.
El texto de de Mauleón, así como el documento de los partidos de oposición, describieron con nombres, fechas y circunstancias precisas una intensa intromisión política de la delincuencia organizada. En ellos se mencionan agresiones a candidatos y partidos opositores y violencia contra las elecciones en por lo menos 20 estados del país.
La intromisión del narcotráfico en las elecciones de 2021 y sus complicidades con Morena tendrían que haber suscitado una intensa alarma mediática y política dentro y fuera de México. Los dirigentes de PAN, PRI y PRD presentaron en Washington esa terrible información pero luego, inexplicablemente, no formalizaron su denuncia o no le dieron seguimiento institucional.
Tampoco la llevaron a las instancias electorales mexicanas. El entonces secretario general del INE, Edmundo Jacobo Molina, recuerda que en la calificación de esas elecciones los partidos opositores, salvo en algún caso aislado, no presentaron quejas por la intromisión del crimen organizado. Es comprensible que, por miedo, los candidatos y líderes locales amagados por delincuentes hayan querido guardar silencio. Pero los dirigentes nacionales de PRI, PAN y PRD no explicaron por qué, si tenían tantas evidencias de la colusión entre Morena y los narcos, abandonaron ese asunto.
La sociedad activa en México tampoco consideró a la alianza política-criminal como tema de interés prioritario. El documento que los partidos llevaron a Washington sólo circuló de manera muy discreta, en organizaciones de derechos humanos y segmentos de la academia. A pesar de que un año después de Mauleón y Nexos lo rescataron presentando esa información de manera accesible y periodística, otros temas abrumaron el interés público. La mayor parte de quienes nos alarmamos con el texto de Héctor de Mauleón y/o con el expediente de los partidos, no les dimos la relevancia que ameritaban. Quizá quisimos creer que la complicidad entre Morena y la delincuencia organizada no era tan extensa, o tan políticamente definitoria como ahora se confirma.
El crimen organizado influyó en 2021 para que Morena ganara elecciones en varios estados del país. No se dispone de una evaluación detallada para 2024, pero no es exagerado considerar que la alianza de Morena (o grupos de ese partido) con la delincuencia del narcotráfico, se mantuvo. No estamos ante hechos regionalmente aislados, sino ante un patrón deliberadamente repetido que politiza la acción de los criminales. Los funcionarios públicos, ahora formalmente denunciados, que acordaron respaldo mutuo con capos criminales, no sólo pusieron a la justicia al servicio del negocio del narcotráfico. Además, le abrieron la puerta para contaminar al sistema político.
Si la sociedad se equivocó al soslayar la gravedad de las vinculaciones entre grupos del poder político y del crimen organizado, los gobiernos de Morena, con mejor información, tuvieron una indolencia cómplice. Las fiscalías federal y locales nada hicieron ante las escasas pero auténticas denuncias presentadas por tales hechos. Mucho menos persiguieron de oficio esos delitos. En vez de ello, el morenismo y sus líderes se lucían amparando políticamente a personajes como Rocha Moya. Sheinbaum y su gobierno pagan las consecuencias de esa irresponsable condescendencia.
La connivencia entre grupos y/o personajes de Morena con el crimen organizado es un hecho, pero no sabemos hasta dónde llega. La inacción derivada de los abrazos en vez de los balazos permitió que la delincuencia se expandiera. La presidenta Sheinbaum tiene una política menos negligente en la persecución a la delincuencia, al menos en parte debido a la presión del actual gobierno estadounidense.
Aún no se puede decir si Andrés Manuel López Obrador amparó a los capos de la delincuencia por proteger intereses aliados a los suyos, o por mera insensatez entremezclada con populismo demagógico. Pero sí es claro que Morena no sólo tiene en sus filas a personajes vinculados con los narcos, sino que además sus dirigentes, incluyendo al ex presidente y a la presidenta de la República, han hecho una ostensible defensa de ellos.
La orden del juzgado de Nueva York coloca a la presidenta en un predicamento que no puede resolver a medias: se planta con irreflexiva terquedad en la defensa de Rocha Moya y otros indiciados, o dispone que sean juzgados en Estados Unidos. Su vehemencia retórica en los días recientes permite suponer que se mantendrá al lado de esos presuntos delincuentes —y por tanto de los intereses de los que serían cómplices—. Por otra parte, la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, así como del presidente municipal de Culiacán, que según versiones disponibles fueron exigidas por Sheinbaum, sólo tendrán sentido si desembocan en la extradición.
Ante ese dilema de la presidenta, muchos de sus críticos le recomiendan que aproveche la oportunidad para deslindarse de López Obrador. Permitir el enjuiciamiento en Nueva York de aliados suyos, sería un golpe político y una posible amenaza para el ex presidente. Hay quienes consideran que la marginación política de AMLO beneficiaría a Sheinbaum que, así, podría desarrollar una política distinta. Esa posibilidad es ilusoria porque, al menos hasta ahora, la presidenta no ha mostrado interés alguno para impulsar decisiones sustancialmente diferentes a las de López Obrador.
Al contrario: Sheinbaum ha tomado medidas tan autoritarias como las de López Obrador, e incluso más. La construcción de una mayoría espuria en el Congreso con porcentajes de legisladores que no le dieron los ciudadanos, la desnaturalización del Poder Judicial capturado hoy por incondicionales del partido en el gobierno, la apropiación o cancelación de tareas que desempeñaban organismos constitucionales autónomos y la parcial incautación de la autonomía de los organismos electorales, forman parte de la edificación autocrática dispuesta por la presidenta. Suponer que sin la forzada tutela de AMLO la presidenta Sheinbaum adquiriría repentinas convicciones democráticas, respetaría la pluralidad y defendería el Estado de derecho, parece más un sueño voluntarista que una posibilidad real.
El discurso polarizador y engreído del morenismo, que intentó descalificar a todos los demás atribuyéndose una pretendida superioridad moral, siempre fue exagerado y tramposo. Ahora, ese discurso es insostenible. No es para regocijarnos: la expansión política del narcotráfico, que hace evidente la derrota moral de Morena y sus líderes, es una tragedia histórica para México.
Raúl Trejo Delarbre
Investigador Emérito en el Sistema de Investigadoras e Investigadores. Sus libros más recientes son: Posverdad, populismo, pandemia e Inteligencia Artificial, conversaciones con ChatGPT.