La democracia mexicana fue aniquilada por Morena. A esa denuncia del expresidente Ernesto Zedillo, la presidenta y el oficialismo respondieron con calumnias, mentiras y agresiones personales. No pudieron, o quizá ni siquiera se plantearon la posibilidad de enfrentar con argumentos el devastador diagnóstico que Zedillo publicó en Letras Libres, así como en una entrevista con nexos. Más tarde, ratificó esos señalamientos en una entrevista con León Krauze. A las descalificaciones de Sheinbaum, Zedillo respondió con tres mensajes adicionales y un desafío: que una auditoría independiente revise los proyectos de López Obrador (destrucción del aeropuerto, refinería, Tren Maya). El gobierno eludió ese requerimiento y, en su insistencia para desacreditarlo, le dio mayor visibilidad a las importantes acusaciones del expresidente en su texto y las entrevistas.
Ernesto Zedillo recuerda qué es la democracia. Entre otras cosas, ese régimen político implica que haya Estado de derecho, elecciones libres y competitivas, división y equilibrio de poderes, Poder Judicial independiente y profesional, derechos y libertades civiles, acceso a la información y transparencia con rendición de cuentas, respeto a la participación y representación política incluyendo las de las minorías. “Todo esto lo están destruyendo el actual gobierno y su partido”, señala. Su ensayo termina con un inequívoco dictamen: “Nuestra joven democracia ha sido asesinada”.
El análisis de Zedillo es particularmente incómodo para el oficialismo porque desmonta la pretensión de que, gracias a Morena y su líder, estamos en una Cuarta Transformación en nuestra historia. Hace un recuento de los cambios en la evolución mexicana a partir de la Independencia. Desde comienzos del siglo XIX hubo un esfuerzo progresivo para construir una nación libre y democrática. Esos principios fueron consagrados en la Constitución de 1857, luego la Revolución de 1910 venció a la dictadura y más tarde, durante casi todo el resto del siglo XX, hubo estabilidad y avances pero sin llegar a la democracia. Junto al desarrollo económico, teníamos “un ejercicio del poder arbitrario, sin controles ni contrapesos adecuados por parte del Congreso ni del Poder Judicial”. Los abusos de autoridad llegaron “a la represión política”. Sólo cuando terminaba ese siglo, gracias a las reformas electorales que comenzaron dos décadas antes, se consolidó un régimen democrático. “El movimiento morenista está, en realidad, emulando los atropellos que se hicieron contra la Independencia, la Reforma y la Revolución”, explica Zedillo.
Ese examen de la historia mexicana reciente es necesariamente panorámico y tiene omisiones importantes. Quizá la principal es la ausencia de consideraciones acerca de la pobreza que sólo era parcialmente paliada, pero ante la que nunca hubo soluciones de fondo en los gobiernos del PRI. La desigualdad social hace falta en cualquier explicación completa para entender el éxito de López Obrador y su movimiento.
Para contrastarla con la aberración que se está construyendo ahora mismo, y porque se han difundido falsedades en torno a ella, Zedillo explica la reforma judicial que impulsó en 1994. Aunque la Constitución de 1917 estableció que el Poder Judicial debía ser independiente, las atribuciones del presidente de la República lo fueron abrumando. El Ejecutivo controlaba el presupuesto y la designación de jueces. Apenas tomó posesión, en diciembre de 1994, Zedillo envió al Congreso su iniciativa de reforma constitucional para renovar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras medidas. Hasta entonces, los integrantes de la Corte eran designados por el presidente de la República con aprobación del Senado. Ese procedimiento fue reemplazado por la presentación de ternas por parte del Ejecutivo federal, de entre las cuales cada ministro debía ser nombrado por el Senado con mayoría calificada. El número de ministros cambió de 26, a 11. Su encargo ya no sería vitalicio, sino de 15 años. Fue creado el Consejo de la Judicatura para organizar y supervisar el trabajo de los tribunales federales. Se estableció la acción de inconstitucionalidad y fue actualizada la controversia constitucional, que han sido recursos para que la Corte revise decisiones de otros poderes. Con esos y otros cambios la Suprema Corte tuvo capacidad para arbitrar las disputas legales (y, de esa manera, políticas) en beneficio de la división de poderes.
La importancia de esa reforma no fue del todo apreciada en la discusión pública mexicana de aquellos años, por dos circunstancias. La primera fue la prisa del Poder Legislativo. Zedillo envió su iniciativa el 6 de diciembre de 1994 y dos semanas más tarde fue aprobada en las dos cCámaras federales. Los congresos locales la votaron al vapor y fue promulgada el 31 de diciembre. Una de las objeciones de los partidos de oposición, cuando fue discutida tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, era la ausencia de espacios para que la sociedad conociera y debatiera esa relevante reforma constitucional. Estábamos en los últimos días de diciembre, poco adecuados para la atención de la opinión publicada en los medios. El otro motivo que le restó interés a ese tema fue la que, en su ensayo reciente, el propio Zedillo califica como “terrible crisis financiera que se registró en el país al inicio del nuevo gobierno”.
La reforma de 1994 fue un avance en beneficio de la autonomía y las atribuciones del Poder Judicial, especialmente de la Corte. Ahora, en cambio, estamos ante la aniquilación de esa independencia. El reemplazo de todos los jueces, de todos los rangos, por personas que serán electas con voto popular (Zedillo apunta, con precisión, “supuestamente electas”) pondrá al Poder Judicial a las órdenes del partido oficial y del gobierno. La reciente reforma, escribió, “no ofrece nada que mejore la capacidad del Estado para procurar e impartir justicia… Su intención es, para decirlo con simpleza, arrasar con el poder judicial como entidad independiente y profesional, y ponerlo al servicio de quienes detentan y concentran el poder político”.
“Ningún país realmente democrático elige así a sus jueces. Hay todo un cuerpo de reflexiones que explican por qué eso es una barbaridad; eso sólo lo inventan los dictadores para controlar al Poder Judicial”, dijo en su conversación con Nexos. La de Sheinbaum, explica Zedillo en Letras Libres, es una reforma “llanamente antidemocrática, pues no sólo acomete contra la necesaria división de poderes, sino que hiere de muerte la función de control de constitucionalidad que debe tener la Suprema Corte para revisar y evaluar si los actos y leyes del Ejecutivo y el Legislativo están conformes con la Constitución”.
El expresidente también reivindica la reforma electoral acordada durante su gobierno y que requirió de extensas consultas con los partidos políticos. El Instituto Federal Electoral adquirió completa autonomía respecto del Ejecutivo, se precisaron reglas para el financiamiento de los partidos y su acceso a los medios de radiodifusión, fue creado el Tribunal Federal Electoral como parte del Poder Judicial, la Ciudad de México ganó su derecho a elegir jefe de Gobierno. “La reforma de 1996 estableció las condiciones para que México tuviera por fin elecciones competitivas, imparciales y justas; en una palabra, impecables”, se ufana Zedillo.
Para que haya democracia, se requiere que los actores políticos sean leales con ella. La democracia es un marco que permite buscar consensos y resolver diferencias, siempre y cuando los grupos y ciudadanos respeten sus reglas. Sin embargo, como recuerda Zedillo, Andrés Manuel López Obrador “atacó sin descanso la independencia y la capacidad institucional del Instituto Nacional Electoral. Con justificaciones no apegadas a la verdad, no dudó en calumniar, insultar y amenazar tanto a la institución como a las personas elegidas para garantizar que el INE cumpliese su misión constitucional”.
La demolición de las instituciones que permitían el ejercicio de la democracia ha sido rápida y drástica. Zedillo hace un recuento de la reciente preparación y ejecución del asalto morenista contra la democracia. Primero, López Obrador colocó a personeros suyos en los cargos vacantes en la Suprema Corte, el INE y el Tribunal Electoral. Luego, la mayoría de 54 % que Morena ganó para la Cámara de Diputados en la elección de 2024 fue ilegalmente abultada hasta el 74 %. En el Senado, la coalición oficial cohechó a un legislador para lograr el voto que le faltaba a fin de tener mayoría calificada.
Con esa amañada mayoría, el oficialismo aprobó las reformas que López Obrador le heredó al gobierno de Sheinbaum, entre ellas la desaparición de organismos constitucionales autónomos y el desfiguramiento del Poder Judicial. Cuando esa reforma fue impugnada en la Suprema Corte, en donde se requerían cuatro de los once ministros para impedir que fuera declarada inconstitucional, uno de ellos se adhirió al bloque de tres morenistas. “Estuvo en las manos del ministro habilitar a la Corte para detener este atentado gravísimo contra la democracia y el Estado de derecho en el país” pero votó en contra, considera Zedillo en alusión al vergonzoso desempeño del ministro Alberto Pérez Dayán. El círculo de la demolición institucional quedó sellado con la llamada ley de “supremacía constitucional” que impide que la Corte revise cualquier reforma a la Carta Magna. Se trata, escribe Zedillo, de un “acto criminal”, de un “paso enorme hacia un régimen tiránico”. E insiste, ahora en la entrevista con nexos: “Es gravísimo. Decir que el Congreso puede decidir lo que le dé la gana y que el Poder Judicial no puede revisarlo es absolutamente escandaloso, grotesco, antidemocrático. Y estos señores lo hicieron. Y, desgraciadamente, eso pasó en el tiempo de la doctora Sheinbaum. Ya no le puede echar la culpa al señor López Obrador”.
Ese ominoso escenario incluye la “cooptación de las Fuerzas Armadas” con la entrega de la Guardia Nacional al Ejército. Explica en la entrevista: “No van a ser Fuerzas Armadas para defender la seguridad y la soberanía nacionales, van a ser Fuerzas Armadas cómplices de un gobierno autocrático y tiránico en nuestro país”. La historia regional enseña las consecuencias terribles que pueden alcanzar los enredos entre militares, política y autoritarismo: “Convertir a los ejércitos y a sus comandantes en cómplices de dictaduras latinoamericanas y de otras partes del mundo ha rendido excelentes frutos a gobernantes déspotas. Esta experiencia ahora se institucionaliza en México con Morena en el poder”, escribe Zedillo.
Aún está pendiente la contrarreforma electoral. Si se aprueba, recuerda el expresidente, “se desaparecería al Instituto Nacional Electoral y a los órganos electorales estatales, para sustituirlos por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que sería administrado por consejeros electos por voto popular, lo cual debe leerse que serían escogidos por el gobierno”. Las Cámaras de Diputados y Senadores tendrían menos integrantes con sacrificio de su pluralidad y se modificarían las reglas de representación proporcional para que el partido mayoritario tenga una presencia legislativa muy superior a los votos que haya recibido.
Alejado de la discusión pública mexicana desde hace un cuarto de siglo, cuando dejó la presidencia, Zedillo volvió a ella sin ambages. De López Obrador dice que es “un demagogo”. Explica: “Siempre mostró un abierto y desafiante desprecio por las reglas y procedimientos establecidos en la ley sobre lo que el gobierno no debe hacer antes, durante y después de las campañas electorales”. De Sheinbaum recuerda que está cumpliendo, con disciplina y sin reparo alguno, las instrucciones de AMLO para destruir la democracia mexicana.
Zedillo insiste en la entrevista con nexos: “En México se murió la democracia. En México están haciendo un Estado policial”. Y anticipa, en un pronóstico que quisiéramos decir que resulta exagerado pero hacia el que avanzamos entre la indiferencia, la resignación, la impotencia o el miedo de muchos: “cuando la gente esté harta y pierdan de todas maneras las elecciones, como en Venezuela, al final quedan la policía y el ejército, el espionaje, la represión, el control de los medios, para que no haya democracia, para que no haya representatividad de la voluntad de la gente”.
Raúl Trejo Delarbre
Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus libros más recientes son: Posverdad, populismo, pandemia y Adiós a los medios.
Hola Raúl: Qué bueno leerte. Es necesario oírnos, para no creernos solos. Gracias
La democracia no es propiedad de un gobierno, sino, del pueblo. ]Es el pueblo quien determina si la democracia ha de ser duradero o simplemente un parche dentro de una sociedad. Esta delimitación ex propiedad del pensamiento de todo un pueblo.